SEVILLA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los aledaños del Ayuntamiento de Sevilla han sido este viernes el escenario de una protesta del colectivo de empleados y empleadas de los servicios sociales comunitarios del Consistorio hispalense, encargados de la aplicación de la Ley de Dependencia. Después de que aplicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad Local, que reserva a las autonomías las competencias en materia de servicios sociales, obstruyese la contratación de 40 empleados y empleadas de este servicio, 26 trabajadores y trabajadoras sociales de este colectivo habrían firmado ya sus contratos, si bien siguen "fuera" los 14 auxiliares administrativos.
La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que ha contado con numerosos borradores, implica una adaptación de las administraciones locales a una nueva regulación que reconoce como competencias "propias" de los ayuntamientos el urbanismo, la vivienda protegida, el medio ambiente urbano, el abastecimiento de agua, el viario público, la Policía Local, el tráfico urbano o la promoción turística, por ejemplo. La nueva regulación, por contra, determina que los servicios sociales y la sanidad, entre otras materias, son competencia de las comunidades autónomas, si bien admite la posibilidad de delegaciones.
Merced a la nueva regulación, que incide especialmente en los programas cofinanciados entre el Ayuntamiento y otras administraciones para aspectos como los servicios sociales o el empleo y que cuenta con este año como periodo de transición, el Consistorio hispalense paralizó a comienzos de año tres escuelas taller cofinanciadas junto con la Administración autonómica, pues la Intervención General había emitido un reparo al expediente de contratación de los 18 monitores bajo la premisa de que la nueva ley no permite librar fondos municipales para equiparar sus salarios a los del convenio colectivo del Consistorio. La situación fue solucionada al decidir finalmente el Gobierno local levantar dicho reparo.
La situación, como denunciaba recientemente CCOO, sería la misma en el caso de unos 40 trabajadores sociales y auxiliares administrativos contratados por el Ayuntamiento, merced a fondos autonómicos y estatales, para la prestación de los servicios sociales comunitarios ligados a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, la Ley de dependencia. Este viernes, en ese sentido, este colectivo ha celebrado una protesta frente al Ayuntamiento para manifestar que si bien los 26 trabajadores sociales de este grupo de personas firmaban este misma jornada sus contratos, la situación no es la misma para las 14 auxiliares administrativas.
"ESTÁBAMOS TODOS EN EL MISMO EXPEDIENTE"
"Supuestamente, el problema era el informe contrario del interventor. Hoy firman sus contratos los 26 trabajadores sociales pero las 14 auxiliares administrativas estamos fuera pese a que se supone que estábamos todos en el mismo expediente", ha explicado a Europa Press una de las afectadas a los pies del Ayuntamiento. Este colectivo de 14 personas, según explica, sólo regresaría al trabajo en nueve casos a cuenta de la habilitación de nueve interinidades para la cobertura de igual número de vacantes de la plantilla municipal, lo que de todas formas dejaría a cinco de las afectadas "fuera".
El secretario de la sección de CSI-CSIF en el Ayuntamiento de Sevilla, Miguel Ángel Sáenz, ha explicado a Europa Press que estas 14 personas no habrían sido contratadas porque los salarios de los 26 trabajadores sociales son sufragados con los fondos que la Junta de Andalucía y el Estado destinan a la aplicación de la Ley de Dependencia, toda vez que el sueldo de los auxiliares administrativos estaba financiado por el Ayuntamiento.
