SEVILLA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -
La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Administración autonómica, ha pedido a Antonio Fernández que "asuma al menos la responsabilidad que le corresponde" como consejero de Empleo, cargo que ocupó entre los años 2004 y 2010, e incluso le ha llegado a espetar que "parece que está deshojando una margarita" por los sucesivos cambios en sus respuestas.
La segunda jornada de la declaración del exconsejero de Empleo, que se ha prolongado durante todo el día, ha sido más tensa que la de este viernes y se ha tornado en una discusión --algunos letrados lo han tachado de "intenso debate"-- entre ambos que ha tenido su punto álgido cuando la magistrada, ante las evasivas del imputado, le ha pedido que "asuma su responsabilidad" como consejero, ya que entiende que "tenía que estar al tanto" de lo que ocurría con las ayudas investigadas dado su cargo entre los años 2004 y 2010.
En un momento determinado, y antes las "evasivas" del imputado, la magistrada le ha dicho que "si desea acogerse a su derecho a no declarar, hágalo, pero no se ande por las ramas", y en otro instante le ha cuestionado y ha expresado sus dudas sobre la legalidad del sistema ideado para conceder las ayudas, a lo que Fernández ha contestado que "lo digo, y lo afirmo y lo repito", según han informado a los periodistas varios abogados presentes en la comparecencia.
Asimismo, el exconsejero de Empleo ha seguido con su línea argumental y ha insistido en defender la legalidad del sistema por el que se regulaban las ayudas investigadas y ha subrayado que "no existía ningún criterio jurídico que cuestionara el procedimiento", sino que él actuaba bajo criterios políticos, añadiendo asimismo que desde la Consejería se presentaron alegaciones a los reparos de la Intervención General de la Junta, que se "aquietaba" y las daba por buenas al no responder a las mismas.
RELACIÓN "CORDIAL" CON CHAVES Y GRIÑÁN
En otro momento del interrogatorio, la juez Mercedes Alaya, cuya voz, por su tono elevado, se ha llegado a escuchar en ocasiones fuera de la sala, le ha preguntado también por su relación personal con el actual presidente de la Junta de Andalucía en funciones, José Antonio Griñán, y con su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, a lo que el exconsejero ha respondido diciendo que era una relación "cordial, pero no de amistad", y que coincidían únicamente en actos institucionales.
También le ha cuestionado por Juan Lanzas, imputado también en este procedimiento como mediador en los ERE fraudulentos, y Fernández ha señalado que "sabía que era sindicalista pero no tenía relación" con él, aunque ha reconocido que la Consejería de Empleo era como "su segunda casa", ya que los sindicalistas "iban a pedir y a mediar en los conflictos". La magistrada le ha puntualizado que Lanzas ya no era sindicalista, y Fernández ha dicho que "para todo" sindicalista o exsindicalista Empleo "era como su segunda casa".
Asimismo, ha exculpado al exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, imputado en esta causa y que prestará declaración el próximo mes de julio, y ha asegurado que conocía el procedimiento que regulaba la concesión de las ayudas investigadas, ya que se trataban en los Consejos de Dirección, pero ha aseverado que "no le consta" que conociera la inclusión de 'intrusos' --personas que cobraban las pólizas de los ERE sin haber trabajado nunca en la empresa--
EL PAPEL DE LAS MEDIADORAS
En este sentido, hay que recordar que el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero, en prisión desde el pasado día 10 de marzo, también exculpó en su declaración a Antonio Rivas.
La magistrada también ha preguntado a Fernández sobre el que fuera parlamentario socialista Ramón Díaz, y el imputado ha dicho que era una persona de su confianza ya que lo introdujo él en la Consejería de Empleo como asesor después de conocerlo de su "relación con los sindicatos". También ha afirmado que era "colaborador" de Francisco Javier Guerrero y que no le consta que tramitara ayudas.
La juez, en otro momento del interrogatorio, la he preguntado por qué las mediadoras Vitalia y Uniter "se llevaban comisiones de entre 200.000 y 400.000 euros por encima de la media del mercado", a lo que el imputado ha respondido que "no lo consintió" y que, de ser como la juez dice, "no le parece razonable". Sobre este particular, ha señalado que "no existía un proceso de selección objetivo de las aseguradoras y mediadoras porque venían de la mano de los trabajadores".
AYUDAS A EMPRESAS "PANTALLA" DE ROSENDO Y SAYAGO
Igualmente, la magistrada le ha interrogado sobre si "la concentración de ayudas" al grupo empresarial de los exconcejales socialistas de El Pedroso (Sevilla) José Enrique Rosendo y José María Sayago "era conocida por el presidente de la Junta y por el Consejo de Gobierno", a lo que Fernández ha respondido señalando que ello era conocido "por todas aquellas personas" que se leyeran la memoria y la ficha presupuestaria, como, además del presidente y el Gobierno andaluz, el Parlamento, los partidos políticos "y algunos ciudadanos más".
Al hilo, la juez ha hecho referencia a los 29 millones de euros en ayudas que recibieron varias empresas "pantalla", que no tenían actividad, ligadas a Rosendo y Sayago, y ha contestado que venían de la época del exconsejero del ramo José Antonio Viera y que si hubiera sabido que iban a empresas sin actividad no las habría autorizado , todo ello al tiempo que ha señalado que el exdirector general de Trabajo Juan Márquez, una vez llegó al cargo, le comunicó que "cuatro o cinco" de estas ayudas "estaban vacías de contenido", por lo que ordenó paralizar su pago.
También ha sido destacable cuando la magistrada le ha preguntado sobre el caso de Minas La Herrería, cuyos trabajadores recibieron ayudas en 2004, cuando la empresa había cerrado en 1988, así como por un proyecto para construir una macrourbanización de lujo en Minas de Riotinto tras el cierre de la infraestructura minera, proyecto detrás del que, según la juez, estaban la socialista Amparo Rubiales, el catedrático Javier Pérez Royo, el hijo de Manuel Chaves y el arquitecto y exconsejero Jaime Montaner.
