26 de enero de 2020
20 de octubre de 2014

El SAF presenta denuncia por posible prevaricación contra 42 altos cargos de la Junta

Estiman que en los últimos tres años la mayoría de agencias públicas empresariales han gestionado subvenciones por más de 950 millones

SEVILLA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha presenta una denuncia ante el juzgado de instrucción número 11 de Sevilla por posibles delitos de prevaricación, usurpación de potestades públicas y malversación de fondos contra 42 altos cargos y ex altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de siete agencias públicas y entes instrumentales.

Estos organismos son la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, la Agencia Andaluza de la Energía, el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), la Agencia Públicas de Puertos y la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.

El SAF ha apuntado que desde la puesta en marcha de la reordenación del sector público andaluz, que culminó con la Ley 1/2011, las agencias públicas empresariales "han trabajado al margen de la legalidad vigente, tanto de la normativa básica de la propia Junta de Andalucía como de la Constitución Española".

Ha precisado que concretamente, las agencias mencionadas "no tienen personal funcionario adscrito", ante lo que el sindicato denuncia "la sistemática forma de trabajar en estas agencias que usurpan funciones públicas, que deben ser ejercidas por funcionarios, en materias tan significativas como la gestión y la concesión de subvenciones y ayudas, la contratación administrativa, el control de gastos y la fiscalización, fuera de la inspección presupuestaria y de intervención que tantos quebraderos de cabeza está originando en los últimos tiempos".

El SAF ha sumado a la denuncia un análisis sobre una muestra de contratos adjudicados y ayudas y subvenciones gestionadas desde 2011 que suponen una cantidad estimada de más de 950 millones de euros de los caudales públicos tramitados por agencias y entes, exceptuando las subvenciones cuya cuantía era inferior a 3.000 euros que no son objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

El Sindicato Andaluz de Funcionarios detalla en la denuncia la numerosa legislación que "respalda que el ejercicio de potestades salvaguarda de los intereses generales, corresponden al personal funcionario, objetivo en las fases de control y responsable de velar por el correcto cumplimiento de las garantías de imparcialidad previstas para los ciudadanos en el artículo 103.3 de la Constitución Española".

Ha agregado que "incluso la Ley 30/1992 prohíbe que las potestades administrativas sean encomendadas a entidades instrumentales sujetas a Derecho privado".

El SAF lamenta que "desde hace más de tres años, la mayoría de las agencias públicas empresariales ejecutan potestades públicas sin la presencia del personal funcionario, al no tener unidad administrativa adscrita". Agrega que "sólo tres de los 16 directores generales y/o directores gerentes mencionados en la denuncia son funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía".

Fuentes del sindicato han precisado que aunque no tienen datos oficiales de número de empleados en dichos organismos, oficiosamente estiman en esos entes hay unos 21.000 funcionarios, frente a 26.000 trabajadores que son personal externo.

ESTIMACIÓN DEL IMPORTE

El sindicato, que reconoce que "es difícil dar una cantidad exacta de los caudales públicos gestionados por las agencias en materia de subvenciones o incentivos y contratos, dado que únicamente se publican en BOJA aquellas subvenciones de cuantía superior a 3.000 euros", ha apuntado que, de una muestra aleatoria recogida sobre las ayudas y subvenciones publicado en el BOJA, así como de los contratos adjudicados y publicados en la Plataforma de Contratación de la Junta, estima una cuantía mínima aproximada del total de caudales públicos gestionados por estas agencias desde mediados de 2011 hasta el día de la fecha, evaluada en más de 950 millones de euros.

Asimismo, entre los altos cargos denunciados por el SAF se encuentran los viceconsejeros de Presidencia (hasta 2012); Administración Local y Relaciones Institucionales; Economía, Innovación, Ciencia y Empleo; Educación, Cultura y Deporte; Fomento y Vivienda; Medio Ambiente y Ordenación del Territorio; así como algunos de sus predecesores, entre otros altos cargos.

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