SEVILLA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha resaltado que el Fiscal Superior de Andalucía "ordena seguir adelante con la investigación penal abierta por la denuncia de SAF", que solicitó que se investigara el contenido del informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre ayudas concedidas a consorcios y que se esclarecieran posibles irregularidades.
En una nota, el SAF ha explicado que el Fiscal Superior de Andalucía ha dictado un decreto de remisión que ordena continuar con la práctica de las diligencias de investigación penal sobre las ayudas concedidas a las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt), entidades de derecho público con personalidad jurídica propia y participadas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y por las administraciones locales a través de corporaciones municipales y supramunicipales.
Ha indicado que a raíz de la denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios y tras pedir una prórroga, el Fiscal Superior de Andalucía "ha decidido seguir adelante con la investigación penal". Así, precisa que en el decreto dictado al respecto, el fiscal andaluz resume el periplo que se ha llevado a cabo. Durante los años 2010, 2011 y 2012 el SAE concedió ayudas por un valor total de 57.340.676 euros a los 95 consorcios Utedlt, operativos desde 2002.
La denuncia de SAF se originó por el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía, "que recogía, al igual que la Unidad Adscrita de Policía Judicial, la opacidad en la finalidad de las subvenciones y las irregularidades en los procesos de selección de personal". En este sentido, según recuerda el sindicato, la Cámara concluye que "un dos por ciento de las personas seleccionadas no estaban inscritas en el SAE como demandantes de empleo" y que en un 48 por ciento de los casos no había mediado convocatoria pública. "Es más, los directores recibían incentivos, indemnizaciones y salarios de miles de euros".
El SAF apunta que la Cámara "detecta deficiencias en el uso de herramientas de control, determinando que los procedimientos elegidos resultaban confusos, insuficientes e incompletos". Considera que "de todo ello, según la propia Cámara, se podrían desprender indicios generadores de responsabilidad penal".
Fue entonces cuando SAF solicitó al Ministerio Fiscal investigar los hechos aludidos en el mencionado informe y el esclarecimiento de las irregularidades detectadas en la contratación de personal para la gestión de las ayudas concedidas por la Junta a esas Utedlt.
El Fiscal Superior recuerda que "los consorcios se financiaban con las aportaciones de la Junta de Andalucía. El SAE, dependiente de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, sufragaba el cien por cien de los gastos del personal que conformaban la estructura básica y aportaba un porcentaje de cofinanciación de los costes salariales de la estructura complementaria".
Añade que "las subvenciones cubrían los gastos salariales, los incentivos derivados del cumplimiento de objetivos y las indemnizaciones establecidas por la extinción de los contratos laborales".
En el decreto se establece que el informe de la Cámara de Cuentas recoge "deficiencias, anomalías o irregularidades localizadas en la concesión de las subvenciones concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo de las que se podrían desprender indicios generadores de responsabilidad penal al no existir constancia de la realización de la actividad que tendrían que haber desarrollado los consorcios receptores de las ayudas. Será preciso, por tanto, analizar de manera pormenorizada los mecanismos de concesión y control de estas ayudas en orden a determinar las personas responsables".
La Fiscalía señala que a la vista del contenido de los informes, tales hechos "podrían alcanzar relevancia penal como delitos de malversación de caudales públicos en alguna de las modalidades que se contienen en los artículos 432 y siguientes del Código Penal, al margen de otras posibles tipologías que podrían tener lugar como diversas formas de fraude o prevaricación administrativa".
Además, el fiscal informa en el decreto que "antes de proceder a la judicialización de estos hechos, que debería tener lugar antes del 4 de marzo de 2015, parece necesaria una limitada labor de campo en el ámbito de cada uno de los consorcios que fueron creados para determinar si tuvo o no tuvo lugar actividad alguna que justificara la subvención que fue concedida y así establecer, si se estimara preciso, los indicios acerca de la relevancia penal de los hechos y la determinación de aquellas personas que puedan resultar responsables, en especial de quienes otorgaron la subvención en cada provincia sin verificar control alguno de su funcionamiento o llevaban a cabo labores de dirección".
El SAF ha aludido que la Policía Judicial recuerda en su informe, "la posible responsabilidad resultante de la no conservación de la documentación que cada consorcio debía guardar por el plazo de cinco años conforme queda establecido en la Orden de 21 de enero de 2004".
Por todo ello, el fiscal concluye que se lleve a cabo "la remisión de copia testimoniada íntegra de las presentes diligencias de investigación penal a todas las fiscalías provinciales de la comunidad autónoma para que, conforme a las indicaciones del informe policial contenidas en el último de los antecedentes del presente decreto y conforme a lo señalado en sus fundamentos, lleven a cabo la investigación de los hechos y, si fuera preciso, formulen la denuncia correspondiente que debiera tener lugar antes del próximo 4 de marzo de 2015, siguiendo los criterios establecidos en la circular de la Fiscalía General del Estado sobre Diligencias de Investigación Penal".
