SEVILLA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Consejería andaluza de Salud y Bienestar Social ha reprochado al Gobierno de Mariano Rajoy que acuda "constantemente" al Tribunal Constitucional "utilizando la prerrogativa que le concede la legislación española" para un conflicto de competencias, el relativo a la subasta de medicamentos andaluza, y como "mecanismo de paralización y control de las acciones de las comunidades Autónomas".
El departamento que dirige María Jesús Montero se ha referido en estos términos tras el nuevo capítulo jurídico protagonizado por la subasta de medicamentos, después de que el Pleno del Constitucional haya admitido a trámite el recurso promovido por el Gobierno central contra el decreto en sui conjunto de la Junta de Andalucía que recoge la subasta de fármacos.
Para Salud, es "incomprensible" y "no se entiende", que habiendo transcurrido apenas unos días desde que el Constitucional haya levantado la suspensión cautelar sobre la convocatoria pública de selección de medicamentos, el Gobierno central vuelva a presentar un recurso contra una normativa similar, en concreto, sobre el Decreto Ley de Medidas Urgentes en Farmacia que sustenta este concurso, "ya que los fundamentos de ambos procedimientos son los mismos".
"El Gobierno central no puede utilizar la prerrogativa que le concede la legislación española para llevar al Constitucional un conflicto de competencias como mecanismo de paralización y control de las acciones de las comunidades, acudiendo constantemente al Alto Tribunal por estos motivos", han señalado.
Para La Junta, la nueva suspensión cautelar se produce porque el Gobierno de España ha llevado al Constitucional el mencionado Decreto Ley donde se establece la posibilidad de sacar a concurso público los fármacos que se dispensan en las farmacias. Esto se suma a otro conflicto de competencias sobre la resolución del gerente del SAS (desarrollo normativo que emana del Decreto Ley necesario para la puesta en marcha de las subastas). El Tribunal Constitucional levantó la paralización de esta última resolución la semana pasada.
"Todo esto viene a demostrar una vez más que el Gobierno se posiciona a favor de los intereses de las farmacéuticas y en contra de un sistema sanitario público más sostenible que reinvierta en la ciudadanía", han proseguido desde el Gobierno autonómico, al tiempo que han recordado que la convocatoria andaluza de selección de medicamentos, "medida que el Gobierno está empeñado en impedir", supone un ahorro de entre 25 y 200 millones.
