SEVILLA, 13 May. (EUROPA PRESS) -
La asociación ecologista SEO-Birdlife se ha pronunciado sobre la publicación del decreto ley 5/2014 para la reducción de trabas administrativas, al que reconoce que, en su exposición de motivos, "está lleno de buenas intenciones", si bien instaura una situación tal que a partir de ahora "implantar un parque eólico y abrir un bar tendrán los mismos requerimientos ambientales en Andalucía".
En un comunicado, SEO-Birdlife ha explicado que, siendo necesario mejorar el entorno administrativo y agilizar sus procedimientos, el problema es que en el articulado de este decreto ley "se hayan entendido como traba innecesaria o exceso de burocracia no justificada" algunos procedimientos de prevención ambiental establecidos en la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, "sin duda un paso atrás en la prevención ambiental y en las garantías de protección del patrimonio natural andaluz".
Los procedimientos de prevención ambiental, recuerdan, sirven para evaluar el impacto ambiental de las actuaciones antes de ser autorizadas, "algo fundamental en medio ambiente para cumplir con la obligación de protegerlo, pero también para evitar malgastar dinero y evitar desaguisados como el de El Algarrobico".
Sin embargo, "este decreto ley desvirtúa en parte los objetivos de la Ley 7/2007 y a partir de ahora determinadas actuaciones como ciertos tendidos eléctricos o la construcción de complejos deportivos o turísticos en suelo no urbanizable apenas tendrán que prever su impacto ambiental antes de su autorización".
"Pero, sin duda, lo que más llama la atención es que, a partir de este decreto ley, un parque eólico con nueve aerogeneradores requerirá la misma normativa sobre la evaluación de su impacto ambiental que la apertura de una cafetería o una academia de baile", ha lamentado la asociación, que ve esta tesitura "un sinsentido que vulnera la normativa nacional y comunitaria en materia de conservación de la naturaleza".
Para SEO-Birdlife, "puede que la ausencia de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en el grupo de trabajo impulsado por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos de la Junta de Andalucía, de la que ha partido este decreto ley, explique en parte esta rebaja en la protección ambiental".
Por ello, el colectivo espera que la Junta de Andalucía realice "una profunda modificación" de este decreto ley en su trámite parlamentario que haga innecesario acudir al Tribunal Constitucional o a instancias europeas.
