PP-A tacha de "golpe de mano" al empleo y la inversión el retraso y denuncia que el nuevo plazo coincida con las elecciones municipales
SEVILLA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, ha asegurado que la ampliación en seis meses del plazo para la aprobación definitiva del Plan de Protección del Litoral "es una decisión que pretende mejorar su contenido y lograr el mayor consenso social e institucional posible". Durante su comparecencia en el Parlamento andaluz, la consejera ha afirmado que aunque el documento está prácticamente finalizado, con esta medida se quiere "hacer un último esfuerzo para garantizar un desarrollo sostenible y equilibrado de nuestro litoral, un recurso ambiental y económico que hay que proteger y conservar".
En el transcurso de su intervención, la titular de Medio Ambiente ha recordado que los servicios técnicos de la Consejería han tenido que analizar los 918 escritos presentados y las 3.547 alegaciones formuladas por los municipios afectados, organizaciones sindicales, empresariales y ecologistas, grupos profesionales y universidades. En este sentido ha destacado que de los 62 municipios incluidos en el ámbito de influencia del plan han presentado alegaciones 48, más las diputaciones provinciales de Málaga y Granada. En total las alegaciones presentadas por las administraciones e instituciones públicas (382) representan un diez por ciento del total. Además, del conjunto de las presentadas, 1.800 tienen idéntico contenido, mientras que 1.650 lo tienen diferenciado.
Según Serrano, para la aprobación definitiva del documento queda aún ratificar los informes preceptivos de carácter vinculante emitidos por los distintos organismos y la aprobación de la memoria ambiental, el informe que tiene que emitir la Comisión de Redacción, que se reunirá antes de finalizar 2014, sobre las modificaciones que se introduzcan como consecuencia de los trámites de información pública y audiencia; así como la elaboración del escrito definitivo del plan, incluyendo las prescripciones de los informes vinculantes emitidos y las conclusiones finales de la citada memoria. A ello hay que sumar la tramitación del Decreto que tendrá que ser aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta.
El Plan de Protección del Corredor Litoral, formulado por acuerdo de Consejo de Gobierno en enero de 2013, compatibiliza la protección de las zonas del litoral que destacan por sus valores ambientales, naturales, paisajísticos, culturales, agrícolas y forestales, "con los desarrollos urbanísticos que permitan mejorar la calidad de nuestra oferta turística, la creación de empleo y el acceso a la vivienda".
Para facilitar la difusión y contenido del mismo, así como la presentación de las alegaciones por vía telemática, la Consejería puso el documento en exposición pública a través de su página web. Cabe destacar que en este periodo se realizó también el trámite de audiencia a la Administración General del Estado, diputaciones provinciales de Almería, Cádiz, Huelva, Granada y Málaga; ayuntamientos de los 62 municipios comprendidos en el ámbito del plan y al resto de administraciones y entidades públicas afectadas en razón de su competencia.
Por su parte, la portavoz de Vivienda y Ordenación del Territorio del Partido Popular en el Parlamento de Andalucía, Alicia Martínez, ha calificado de "golpe de mano" al empleo y a la inversión el retraso del Plan del Litoral y acusó a la consejera de ser "incapaz de cumplir sus objetivos ha pesar de haber tenido dos años para ello, lo que pone en evidencia la falta de impulso y de credibilidad". "Era su principal compromiso y no ha sido capaz, lo que es motivo para pedir su dimisión", dijo.
EL PLAN HA PROPICIADO "EL FRENO DE 50.000 EMPLEOS"
Asimismo, Martínez ha afirmado que el Plan del Litoral ha propiciado "el freno de 50.000 empleos" y una situación de "inseguridad jurídica", por lo que quedan pendientes proyectos de inversión en la costa andaluza "que no tienen el aval y la seguridad del gobierno andaluz". En este sentido, ha señalado que "son un lastre para Andalucía y ante la hemorragia legal y la inseguridad jurídica, de nada sirven las palabras de Susana Díaz".
La portavoz popular ha cuestionado la coincidencia del nuevo plazo para la resolución de las alegaciones al plan con la celebración de las elecciones municipales. Ha asegurado que el Gobierno andaluz "está en una estrategia de confrontación con los ayuntamientos del litoral", en su mayoría gobernados por el Partido Popular, y ha asegurado que "están a la espera" de los resultados de los comicios.
En este sentido, ha señalado que "han dejado tirados a los 62 ayuntamientos del litoral andaluz y a las organizaciones empresariales y sociales que han planteado más de 4.000 alegaciones, un número sin precedentes en ninguna otra norma".
Además, Martínez ha insistido en que el Plan del Litoral supone un freno al planeamiento de los ayuntamientos y a su desarrollo económico" y ha apuntado que, aunque ahora justifican la ampliación del plazo en la búsqueda de consenso, el plan se aprobó mediante un decretazo en 2012.
Ha recordado también que el plan está pendiente de la decisión del Tribunal Constitucional después del conflicto de constitucionalidad planteado por cinco diputaciones andaluzas por considerar que atropella las competencias urbanísticas de los ayuntamientos.
