Fernández pide al sector que "de explicaciones" a la ciudadanía por la "actuación irresponsable" que están llevando a cabo
SEVILLA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -
El concejal de Gobernación del Ayuntamiento de Sevilla, Francisco Fernández, anunció hoy que un total de 410 taxistas deberán pagar entre 1.365 y 2.600 euros por no prestar los servicios mínimos "obligatorios" ayer viernes con motivo de la nueva jornada de huelga que protagonizaron en protesta por la falta de seguridad del sector.
Fernández precisó que "hoy se le ha hecho saber" al Instituto del Taxi esta sanción, puesto que esas 410 licencias tenían la obligatoriedad de realizar los servicios mínimos y "no lo han cumplido", de modo que ninguna de estos vehículos acudieron en el día de ayer a las paradas establecidas.
Así, esta sanción tipificada como "grave" según las ordenanzas, dijo el edil, deberá ser abonada por cada uno de ellos y reiteró que la banda se mueve entre los 1.365 y los 2.600 euros.
Preguntado por las continuas quejas del sector sobre las constantes agresiones, Fernández, quien aseguró no constarle estos hechos, matizó que parten de una "opinión no fundamentada que no se acoge a la realidad", por lo que no quiso valorar estas "supuestas actuaciones".
De este lado, lanzó un mensaje a los taxistas, incitándoles a "dar explicaciones" a la ciudadanía por la "actuación irresponsable" que están llevando a cabo, tras privar a los sevillanos de un servicio público en su fiesta grande. "Ellos tienen que dar las explicaciones y no pedirlas", aseveró.
Las organizaciones de taxistas Unión Sevillana del Taxi y Solidaridad Hispalense del Taxi decidieron "por unanimidad" en la asamblea celebrada en la tarde de ayer realizar un nuevo paro desde las 00.00 horas hasta las 8.00 horas de hoy sábado para exigir custodia policial con el objetivo de evitar agresiones.
Según explicó a Europa Press el presidente de la Asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, Enrique Filgueras, el "discurso" del Ayuntamiento está provocando agresiones a taxistas, ya que a su juicio los pone "a tiro de pichón".
Ante esta situación, exigió a la subdelegación del Gobierno en Sevilla que "garantice la seguridad de los que trabajen", de forma que "si no da instrucciones de que haya custodia policial no vamos a trabajar".
