SEVILLA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -
El concejal del Ayuntamiento de Camas (Sevilla) Antonio Enrique Fraile, imputado junto al alcalde, Agustín Pavón, el edil José del Castillo y el empresario Eusebio Gaviño por un presunto caso de soborno, anunció hoy que abandona la huelga de hambre ante la insensibilidad del delegado del Gobierno de Andalucía, Juan José López Garzón.
En declaraciones a Europa Press, Fraile explicó que los médicos del Hospital Virgen del Rocío, donde ingresó ayer tras sufrir un desmayo le comunicaron que "si mantenía la huelga de hambre peligraba su vida de una forma inminente".
No obstante, aseguró que quiere seguir "luchando por esclarecer la verdad", por lo que ya ha empezado a tomar algo de alimento que "tolera mi cuerpo le va tolerando", al tiempo que señaló que, a partir de la semana que viene, va a emprender otras acciones reivindicativas.
En este sentido, indicó que la decisión de dejar la huelga de hambre está motivada por la "insensibilidad" de López Garzón que, "tras no haber dado ningún tipo de respuestas, me he dado cuenta de que prefiere que muera antes que el etarra De Juana Chaos".
Asimismo, aseguró que en su campaña reivindicativa va a solicitar al Ayuntamiento de Camas una "reprobación pública contra el Delegado del Gobierno para que se apruebe mediante un acuerdo plenario" por el daño que le ha causado al municipio camero al haberlos tenido detenidos durante el día de la Patrona, provocando, a su juicio, "el mayor escándalo de la provincia de Sevilla".
Por último, Fraile agradeció el "apoyo que le ha prestado el personal de la Diputación, los diputados y alcaldes del PP e IU, así como sus compañeros de Equipo de Gobierno de Camas".
ENCIERRO
Fraile llegó hace una semana a Diputación y ocupó la silla que le corresponde en el plenario por su cargo de diputado provincial en señal de protesta por el "linchamiento mediático" al que dice estar sometido, pero aseguró que no tenía intención de entorpecer la vida cotidiana de la institución provincial, por lo que pasó a ocupar una dependencias anexas al salón de plenos, donde dijo que continuaría "hasta derramar la última gota de sangre".
Detenido en septiembre de 2005 a raíz de la denuncia de la ex concejal del Consistorio de Camas Carmen Lobo, el edil expuso a Europa Press los "tres objetivos prioritarios" para concluir su protesta, como es que "el delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, y el comisario de la Policía Nacional, Enrique Álvarez Riestra, expliquen a la opinión pública por qué y para qué se llevó a cabo la detención de los políticos del 'caso Camas'".
En este sentido, exigió "una explicación convincente", porque "aún a fecha de hoy no se ha obtenido ninguna respuesta" y consideró que "para comparecer cinco minutos ante el juez no había que estar ver privado de libertad durante 36 horas".
Como segunda condición, el edil camero solicitó a la Audiencia Nacional que sustituya al juez instructor del caso, porque a su juicio "la prensa tiene conocimiento antes de los procedimientos que las propias partes afectadas, el juez es incapaz por su falta de imparcialidad".
Así, criticó la "tortura psicológica" que aseguran padecer "desde hace 512 días" y lamentó que "todas estas filtraciones han producido un envenenamiento y contaminación de la opinión pública que ha creado un juicio paralelo por el que los ciudadanos tienen una pésima imagen de este caso".
"De ahí que considere que un jurado popular no podría ser imparcial a la hora de elevar el veredicto, exigimos que no sea el jurado popular quien se encargue, sino un juez en derecho que juzgue el caso con objetividad", añadió.
Por último, como tercer objetivo, hizo referencia a su situación en la Diputación y recordó que un año después de presentar un contencioso-administrativo para resolver su situación "en cuanto a la participación en comisiones, salario, pertenencia a grupos políticos, etc, aún no ha habido una sentencia por parte del juzgado, máxime cuando muchos conflictos laborales se resuelven en tres meses".
'CASO CAMAS'
Hace casi un año y medio, Fraile fue detenido junto a Pavón, Del Castillo y el empresario Eusebio Gaviño como consecuencia de la denuncia de Lobo y el ex militante de IU Francisco Gordo, quienes aseguran que intentaron comprar el voto favorable de la edil para la aprobación en Pleno de una serie de convenios urbanísticos, por lo que Gaviño le habría entregado presuntamente un sobre con 12.000 euros.
El caso será remitido en breve al fiscal y a la acusación particular, ejercida por el PSOE, para que emitan sus escritos provisionales de acusación, y a las defensas de los cinco imputados para que presenten sus escritos pertinentes.
Una vez transformadas las diligencias en sumario se remitirán a la Audiencia Provincial, donde un jurado enjuiciará al alcalde de Camas, los concejales Del Castillo, Fraile y Aureliano Lucas y al empresario Eusebio Gaviño por un presunto delito de cohecho.
