Un laudo arbitral del Cemac censura que la propia empresa incurriese en una "gravísima intromisión" en el proceso electoral
SEVILLA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -
El director gerente de la sociedad anónima municipal 'Sevilla Global', inmersa en un procedimiento de disolución y liquidación, ha defendido este lunes, ante un laudo arbitral del Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC), que la empresa "no ha procedido a realizar ninguna impugnación" contra la constitución de la mesa electoral que reguló las elecciones sindicales de las que nació el actual comité de empresa. Si bien el laudo en cuestión recoge la adhesión de la empresa a la impugnación de una trabajadora, Pedro Maestre asegura que 'Sevilla Global' "no ha impugnado el proceso electoral" pese al contenido de este documento del Cemac.
En declaraciones a Europa Press, Pedro Maestre ha defendido que empresa "no ha procedido a realizar ninguna impugnación" a cuenta de la constitución de la mesa electoral que rigió las últimas elecciones sindicales de esta sociedad anónima municipal. El laudo arbitral del Cemac, fechado el 10 de agosto, recoge no obstante la adhesión de la empresa a la impugnación promovida por una de las trabajadoras de 'Sevilla Global'.
ha defendido Maestre que 'Sevilla Global' proporcionó "medios técnicos" para la celebración de estas elecciones sindicales incluso "en horario laboral". En cuanto a las alusiones que este laudo arbitral dedica a la propia empresa, pues el árbitro del Cemac atribuye a la empresa "una violación del ordenamiento jurídico y una gravísima intromisión en el desarrollo del proceso electoral que puede configurarse, cuanto menos, en una violación de la libertad sindical", Pedro Maestre ha recordado que, en este caso, "la empresa no está siendo juzgada", sino la impugnación promovida por la citada trabajadora.
"Respetamos la opinión de este árbitro concreto, aunque no la compartimos", ha dicho Maestre, quien defiende que 'Sevilla Global' intentó que sobre la nueva representación de la plantilla no pesasen "dudas de legitimidad" a la hora de negociar el expediente de regulación de empleo (ERE) decidido para despedir a los trabajadores.
