SEVILLA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de la Presidencia ha comenzado con la remisión de la documentación al Ministerio de Justicia, por afectar al ámbito de competencias del citado departamento, los trámites de aceptación de la petición del presidente de la asociación de vecinos 'Torre del Oro' de la barriada sevillana de El Arenal, Antonio Fernández, para, acogiéndose al artículo segundo de la Ley de Memoria Histórica, conseguir un resarcimiento por las represalias que tanto él como su familia sufrieron en el año 1969, en el ocaso de la dictadura franquista.
Se convierte así en uno de los pioneros que, a nivel particular, manifiesta su intención de lograr una satisfacción que, según indicó a Europa Press, se traduciría en "la anulación de la sanción para limpiar mi honor y el de mi familia", dado que el artículo segundo contempla la compensación para "aquellos que padecieron persecución o violencia, o que fueron objeto de condenas o sanciones".
Según relató Fernández, el motivo que le impulsa a presentar una reclamación en este sentido es el "destierro" a Barcelona que sufrió cuando el Ministerio de la Gobernación le abrió pliego de cargos por unas manifestaciones vertidas el 1 de mayo de 1969 sobre la propiedad y la función de la cafetería del Parque Móvil donde ejercía como obrero-conductor de tercera clase.
En concreto, el documento, al que tuvo acceso Europa Press, establece que Fernández, en relación con el servicio del Parque Móvil, profirió la frase "ni el jefe ni nadie que explote esto tiene derecho a ponerse rico, porque está para beneficio del personal", en alusión al hecho de que el establecimiento daba negocio a todos los ciudadanos "a pesar de que estaba ahí, en teoría, sólo para el disfrute de los empleados".
No obstante la comprobación ante notario de los hechos, la intercesión del por aquel entonces rector de la Universidad de Sevilla, José Antonio Calderón Quijano, y la remisión del caso a la vía judicial --llegó hasta el Tribunal Supremo--, el hoy líder vecinal vio cómo se oficiaba traslado de su puesto de trabajo a Barcelona. Allí "no duré ni quince días, pues pedí la excedencia que, aunque a regañadientes, me concedieron", explicó.
Sin embargo, "lo peor" fue cómo, mientras él desempeñaba su trabajo en la Ciudad Condal, su mujer y sus tres hijos fueron expulsados de la vivienda que ocupaban en la calle Chaves Rey, otorgada por el Patronato de Viviendas del Parque Móvil de Ministerios Civiles.
"La gente les volvía la cara, nadie los ayudaba de puro miedo y tuvieron que alquilar una habitación por mediación de mi familia", explicó Fernández, que señaló que, a su llegada a Sevilla, le "anularon", viéndose obligado a trabajar como obrero del campus de la Facultad de Medicina.
Con este recurso, el presidente de 'Torre del Oro' pretende, en un futuro cercano, reponer su "honorabilidad" y, mediante la anulación de su sanción, "quitar la suciedad que tanto para mí como para mi familia supusieron estos hechos".
