SEVILLA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla afirmó hoy que el alcalde de la ciudad, Alfredo Sánchez Monteseirín, no tiene instrumentos jurídicos para controlar los macrobotellones porque "no ha querido tenerlos", ya que podría solucionar este "problema" si atendiera a la Ley de Modernización de los Gobiernos Locales, impulsada por Javier Arenas y que está en vigor desde 2004.
En declaraciones a Europa Press, el concejal popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, aseguró que la "mal llamada Ley de Grandes Ciudades prevé en su artículo 139 los principios de adecuada ordenación de convivencia ciudadana y el normal desarrollo de los Servicios Públicos, así como su integridad y la garantía del uso y disfrute de los mismos por la totalidad de los vecinos.
Según el concejal del PP, todos estos principios son "vulnerados" por el ejercicio de los macrobotellones no autorizados, por lo que el Consistorio hispalense "podría haberlos salvaguardado" a través de ordenanzas municipales, ya que no hay ninguna Ley Sectorial específica sobre este asunto.
Así, Pérez afirmó que que Monteseirín "ha renunciado a establecer esas limitaciones, obligaciones y prohibiciones en la defensa de esos principios".
Por otro lado, desde el PP entienden que en el resto de Andalucía no se hayan legislado estas materias a través de esta ordenanza "porque el fenómeno es muy reciente", pero no se explican esto mismo en Sevilla, ya que "el primer macrobotellón no autorizado convocado por internet se produjo hace exactamente dos años, y desde entonces han sido 15 las convocatorias, la mayoría de ellas en Reina Mercedes".
En este sentido, Pérez criticó al Ayuntamiento por "perder el control de una zona de Sevilla cada mes y medio", y porque con "su renuncia a legislar" provoca, a su juicio, que los sevillanos sean "los tristes líderes en materia de macrobotellón, ya que todo el mundo intenta superar nuestro triste récord".
Finalmente, el popular incidió en que la situación provocada por las masivas concentraciones juveniles se ve agravada por la inexistencia de una Ley Autonómica que "parece que quieren sacar ahora, tras 24 años de gobierno, sin medidas alternativas, educativas ni preventivas y sin financiación por parte de los ayuntamientos".
