SEVILLA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -
El decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo consideró hoy "sumamente razonable" la decisión de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía de recurrir al Tribunal Constitucional el auto del 30 de diciembre de 2005 sobre el caso de los menores Iván y Sara.
En declaraciones a Europa Press, Gallardo señaló que el recurso es lógico, "al tratarse de una cuestión jurídicamente novedosa y polémica, en la que además se ha fijado una indemnización muy cuantiosa respecto a las indemnizaciones por daño moral hasta ahora han venido estableciendo los tribunales españoles".
Asimismo, Gallardo eludió pronunciarse en concreto sobre el contenido del auto dictado por la Audiencia de Sevilla, aunque sí aseveró que considera "conveniente y adecuado" el recurso anunciado por la Junta de Andalucía, ya que en su opinión, "siempre es positivo que un precedente judicial tan novedoso y de tanta trascendencia sea revisado por tribunales superiores", aún cuando en este caso sólo puede hacerse desde la óptica constitucional, ya que los servicios jurídicos de la Junta han descartado la procedencia del recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Por otro lado, preguntado por la viabilidad del recurso de amparo que acaba de anunciar la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, Gallardo indicó que "lógicamente habrá de ser el Tribunal Constitucional quien decida en su día si admite o no a trámite ese recurso, pues se trata del único órgano competente para decidir si la resolución dictada por la Audiencia sevillana puede haber infringido el derecho a la tutela judicial efectiva de la Junta de Andalucía".
En la hipótesis de que en su momento prosperase dicho recurso de amparo, el decano de abogados indicó que "si el Tribunal Constitucional entendiese finalmente que ha existido infracción de derechos fundamentales, por resultar arbitraria o manifiestamente desproporcionada la cuantía indemnizatoria fijada en esa resolución judicial, la anularía y correspondería a la Audiencia de Sevilla dictar una nueva resolución conforme a los parámetros de constitucionalidad que en esa hipótesis pudiese dejar establecido el Tribunal Constitucional.
