SEVILLA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -
Vecinos de las '99 viviendas' sociales de la barriada sevillana de Bermejales que sufren el acoso de una vecina clamaron hoy ayuda a la Justicia y a las administraciones tras agravarse la situación con nuevas llamadas amenazantes.
Según explicó a Europa Press uno de los afectados, José Antonio, que sufrió una agresión a finales de año y ha tenido que huir del barrio, "va de mal en peor", ya que últimamente se están sucediendo las llamadas telefónicas con amenazas del tipo "te voy a cortar el cuello".
Así, recordó que en la reunión celebrada con el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, éste afirmó que "la situación es muy extraña y va a acarrear una ruina", ante lo que José Antonio auguró que "va a pasar algo malo, va a ir más de uno a la cárcel y al cementerio".
En la actualidad, se acumulan ya más de 600 denuncias cruzadas, entre las que la citada vecina llegó a llevar a juicio al hermano de José Antonio, menor de edad, que resultó absuelto, acusándole de haber abusado sexualmente de su hija de once años.
"Tiro la toalla, no pongo ni una denuncia más", sentenció este vecino, quien recordó cómo la denunciada se presentaba en su lugar de trabajo para ponerle hojas de reclamaciones hasta que lo perdió e incluso el día de su examen de Selectividad para "montar un escándalo", por el que tuvo que volver en septiembre.
"Ha llegado a ir a la Universidad para decirle al rector que me investigaran, que yo estaba loco y no podía estudiar Psicología", agregó José Antonio, que puso de manifiesto el "miedo" del vecindario a realizar acciones de presión conjuntas contra ella, porque "va a ir contra el que apoye a los afectados, por eso no hay unión".
De este modo, concretó que en la actualidad hay unas cinco familias afectadas de manera directa, cuatro de ellas de forma "muy grave", dos de las cuales se han ido del barrio, ya que calificó la situación actual de "horror" y se mostró "al límite de perder la paciencia".
Ante tales circunstancias, señaló la necesidad de "echarla del barrio" y apuntó que desde la Empresa Pública del Suelo (EPSA), titular de las viviendas, "se está mirando todo con lupa para ver cómo la echan".
"Si nos dan otro piso para evitar una tragedia, vale, pero no es lo que queremos, no queremos irnos de nuestras casas, porque lleva muchos años amargándole la vida a la gente y no es justo que se salga con la suya", lamentó.
Pese a todo, se definió como "una persona civilizada que confía en la Justicia" y aclaró que la vecina en cuestión arrastra los mismos problemas de otros barrios donde vivió anteriormente, tales como Virgen de los Reyes o Los Príncipes.
A mediados de enero, Chamizo se comprometió a estudiar el caso para "ver qué actuaciones son las más pertinentes" y, según explicó a Europa Press otra de las afectadas, María Luisa Reina, que tuvo que abandonar su hogar en mayo junto a su marido y sus tres hijos, el Defensor mostró "bastante interés y dice que estudiará el caso en profundidad, porque ha visto que tiene una magnitud importante".
