CCOO, UGT, Ustea, ANPE y CSI-F recuerdan que esta medida afecta a 30.000 personas, y critican que se haya hecho "casi el último día"
SEVILLA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los sindicatos CCOO, UGT, Ustea, ANPE y CSI-F ha rechazado "absolutamente" la decisión del Gobierno central de recurrir ante el Tribunal Constitucional la convocatoria de 2.389 plazas docentes en Educación Secundaria realizada por el Gobierno andaluz, lo que dejará en suspenso la orden de la Consejería de Educación, al tiempo que lamentan que el PP "no haya superado las elecciones del 25 de marzo en Andalucía y haya abierto una guerra contra la comunidad".
Así, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, José Blanco, ha mostrado su "rechazo más absoluto" a esta decisión del Gobierno, que supone "un nuevo golpe a la educación pública tras los recortes anunciados este mismo viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros".
Además, denuncia las formas en la que viene actuando el Gobierno, pues, a su juicio, el anuncio de recurrir ante el Tribunal Constitucional la convocatoria de 2.389 plazas docentes en Educación Secundaria realizada por el Gobierno andaluz, se ha hecho "con nocturnidad, alevosía y casi el último día de plazo", que finalizaba este domingo, el 22 de abril. "Sabe --el Gobierno central-- que perjudica a más de 30.000 opositores en Andalucía y secundariamente a los alumnos del sistema educativo", ha añadido.
Para Blanco, la decisión del Ejecutivo central demuestra que la importa "poco" la educación, utilizándola como "arma política". En este sentido, ha lamentado que el PP "no ha superado las elecciones del 25 de marzo en Andalucía y parece que ha abierto una guerra contra la comunidad andaluza".
Por último, cuestiona las formas en la que ha recurrido las oposiciones, pues el Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido impugnar la convocatoria presentando un conflicto positivo de competencias. Según consta en las referencias hechas públicas tras el Consejo de Ministros, el número de plazas convocadas "contraviene" las limitaciones que, con carácter básico, y por tanto vinculantes para las Comunidades Autónomas, estableció el Real Decreto Ley de 30 de diciembre de 2011, al prohibir la incorporación de nuevo personal, salvo excepciones en servicios esenciales, y la posibilidad de incorporar personal docente, al fijar en un 10 por ciento la tasa de reposición de efectivos en el sector educativo.
En este sentido, Blanco crítica que el Gobierno "pone en cuestión el Estado autonómico y las competencias de las regiones". "Dónde queda el diálogo que pedía el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte", ha recordado.
Por su parte, el secretario general de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT-Andalucía, Juan Carlos Hidalgo, también se ha mostrado "absolutamente" en contra de esta decisión, toda vez que ha señalado que desde el primer momento "habían apoyado" esta convocatoria, que "pedíamos no fuera simbólica y de mero trámite, sino aceptable". Además, y en declaraciones a Europa Press, Hidalgo dice "no entender" que si las competencias están transferidas a las comunidades autónomas, "a cuento de qué viene que el Ministerio las recurra".
"UNA DECISIÓN DENIGRANTE"
"Nos parece denigrante esta decisión", porque, además, es un tema que "da la sensación de que el Gobierno central hacía el amago de hacer, y no entendemos por qué no la incluyó en el paquete de medidas del pasado 28 de diciembre, y no ahora en abril, cuando muchas personas se están preparando oposiciones y no sabrán qué hacer". "Se esté jugando con esta gente que ha invertido tiempo y dinero y eso no tiene nombre", apostilla.
Igualmente, el responsable de acción sindical de Ustea, José Segovia, ha calificado el anuncio del Gobierno de "auténtica barbaridad" y lo ha considerado "un ataque al sistema educativo público andaluz", que es "el único que crece en alumnado". Según ha señalado en declaraciones a Europa Press, "las medidas del Gobierno demuestran falta de respeto al sistema educativo, a las familias y los miles de interinos que se preparan las oposiciones actualmente".
De otro lado, ha recordado que la Junta de Andalucía tiene en sus presupuestos contemplados la Oferta de Empleo Público, por lo que es "posible, al tiempo que necesaria". "El Gobierno, después de haber perdido las elecciones en Andalucía, ha tomado una pataleta y acomete un ataque directo al sistema andaluz", ha criticado Segovia. Por todo ello, ha exigido al PP andaluz y a su presidente, Javier Arenas, que "defienda los intereses autonómicos", pues es "inadmisible" que se impugne unas oposiciones cuando hay "37.000 personas que ya han pagados las tasas y están estudiando".
El presidente regional de ANPE, Francisco Padilla, también ha lamentado "profundamente" que el Gobierno haya tomado esa decisión, ya que "habíamos apostado por la oferta de empleo no solo a nivel de Andalucía sino a nivel de todo el Estado como la mejor forma de consolidar una plantilla". Además, y en declaraciones a Europa Press, ha señalado que en la región andaluza hay 15.000 interinos, y "hemos apostado durante los últimos años por disminuir la tasa de interinidad, y ya casi lo habíamos conseguido reducirla por debajo del diez por ciento", pero con esta decisión "se va a disparar".
"Es lamentable que ocurra", insiste Padilla, que destaca que no todas las comunidades "tienen la misma problemática". En este sentido, afirma que en Andalucía "está más que justificada" la convocatoria, porque la población escolar "sigue aumentando, y no nos pueden negar que cubramos las necesidades de nuestras aulas". Al respecto, señala que en el curso actual "hay 30.000 alumnos más a los que hay que darle respuesta", puesto que "no podemos cegarnos ante la realidad, y es que los jóvenes frente a la falta de trabajo están retornando a las aulas en busca de profesionalización, que por otra parte es lo que Europa nos está demandando".
Finalmente, el presidente del sector de Enseñanza de CSI-F Andalucía, Francisco Hidalgo, califica de "totalmente improcedente y sin justificación" esta decisión, al tiempo que echa en cara al Gobierno que "si consideraba que la oferta de empleo público era ilegal, lo podía haber dicho hace tres meses y no ahora, cuando miles de personas que estaban preparando su futuro profesional no pueden entender esta situación". El sindicato lamenta, además, "la forma y manera en que se ha hecho, jugando con estas personas".
