SEVILLA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -
Las familias de etnia gitana instaladas en la carretera que conduce a la base militar de helicópteros de El Copero, procedentes del desalojo del asentamiento creado entre el puente de Juan Carlos I y el puente de hierro de San Juan de Aznalfarache, afrontan hoy la consumación de la orden de desalojo dictada por la Autoridad Portuaria de Sevilla como titular de estos suelos, si bien sus portavoces insisten en que no tienen ningún lugar en el que recalar y el retorno al Polígono Sur derivaría en un gran conflicto.
Uno de los principales líderes de este grupo de 41 familias exiliadas del Polígono Sur, Ángel, informó a Europa Press de que, efectivamente, hoy expira el plazo concedido en la última notificación de desalojo entregada a los miembros de este colectivo, que hace ya tres meses abandonó el Polígono Sur por temor a represalias tras la muerte de un menor en un tiroteo entre clanes de etnia gitana. "El desalojo lo tenemos hoy", admitió para preguntar retóricamente "a dónde vamos".
En ese sentido, y después de que el poblado creado a orillas del cauce vivo del río Guadalquivir fuera desalojado el viernes pasado por orden del Ministerio de Economía y Hacienda, titular de la finca, este portavoz de las 41 familias recordó que el dispositivo policial obligó a estas personas a abandonar los suelos del Charco de la Pava, por lo que a día de hoy, "no tenemos ningún sitio al que ir".
"Va a pasar lo que no queremos que pase", dijo en alusión a la posibilidad de que las familias regresen al Polígono Sur al no conseguir establecerse en ningún emplazamiento, toda vez que estas familias habían acordado con el resto de colectivos del Polígono Sur mantenerse alejadas de este barrio al menos hasta que se alcanzase un acuerdo en cuanto a la convivencia tras la muerte del citado joven, víctima de una bala perdida.
El presidente de la Autoridad Portuaria, Manuel Fernández, había señalado ya en declaraciones a Europa Press que si este grupo de familias no abandonaba estos suelos propiedad del Puerto por propia voluntad, se haría cumplir "la legalidad" con el desalojo de estos suelos sometidos a una "ocupación ilegal".
EXILIO Y PACTO DE NO RETORNO
Por temor a represalias como consecuencia de la muerte de este menor, víctima de una bala perdida, estas familias abandonaron el Polígono Sur y crearon un poblado de chabolas entre los citados puentes, donde habitaban más de 300 personas sin electricidad, agua potable o cualquier comodidad en lo que algunos agentes sociales han declarado como "emergencia sanitaria", sobre todo por los cerca de cien menores contabilizados entre el colectivo.
Dado el exilio, la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio precintó las 41 viviendas de titularidad pública en las que residían en el Polígono Sur al objeto de esclarecer su verdadero régimen de ocupación, pues posiblemente sólo tres de las familias habitaba legalmente estos pisos. No obstante, el departamento de Juan Espadas no espera finalizar hasta septiembre la investigación abierta en cuanto al régimen de ocupación de estas viviendas.
Pese a dos intentos de recuperar las viviendas, el resto de las familias del Polígono Sur acordó con este clan de etnia gitana la permanencia de los exiliados en el poblado al menos hasta el mes de septiembre, pues su regreso a la zona podría derivar en un enfrentamiento abierto con la familia a la que pertenecía el menor fallecido.
