SEVILLA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -
El educador social Jorge Morillo, uno de los colaboradores de las 41 familias exiliadas del Polígono Sur por temor a represalias tras la muerte de un menor en un tiroteo, reclamó "celeridad, eficacia y humanidad" a las autoridades a la hora de resolver el conflicto surgido con este colectivo de etnia gitana desalojado el pasado viernes del asentamiento creado entre el puente de Juan Carlos I y el puente de hierro de San Juan de Aznalfarache.
En un escrito recogido por Europa Press, Jorge Morillo formula una "petición urgente y desesperada" a las autoridades para resolver la situación surgida con estas familias actualmente reagrupadas en la carretera que conduce a la base militar de helicópteros de El Copero, dado que el pasado viernes se consumó la orden de desalojo dictada por el Ministerio de Economía y Hacienda sobre los suelos que posee junto a la dehesa de Tablada.
La misiva de Jorge Morillo reclama que "antes de que se vayan de vacaciones a un lugar fresco, sin moscas o ratas" los gobernantes y dirigentes, habrían de resolver la situación que atraviesan estas 41 familias que el pasado viernes eran desalojadas del citado poblado y, posteriormente, del Charco de la Pava, porque este colectivo "malvive" en precarias condiciones y menores y mayores carecen de agua potable o sombra bajo la que cobijarse.
"Por encima de todo están los derechos de los niños", señala la carta, que lamenta que los menores "se queden sin nada" después de tanto tiempo "luchando por su escolarización" para que "tengan alguna posibilidad en su vida". "Qué les pasa a nuestros gobernantes, que se bloquean a la primera de cambio", preguntó retóricamente Jorge Morillo.
Para él, "no podemos permitir que se pierdan derechos en lugar de ganarlos, ni que las adversidades mengüen la ya escasa eficacia social con los débiles".
EXILIO Y PACTO DE NO RETORNO
Por temor a represalias como consecuencia de la muerte de este menor, víctima de una bala perdida, estas familias abandonaron el Polígono Sur y crearon un poblado de chabolas entre los citados puentes, donde habitaban más de 300 personas sin electricidad, agua potable o cualquier comodidad en lo que algunos agentes sociales han declarado como "emergencia sanitaria", sobre todo por los cerca de cien menores contabilizados entre el colectivo.
Dado el exilio, la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio precintó las 41 viviendas de titularidad pública en las que residían en el Polígono Sur al objeto de esclarecer su verdadero régimen de ocupación, pues posiblemente sólo tres de las familias habitaba legalmente estos pisos. No obstante, el departamento de Juan Espadas no espera finalizar hasta septiembre la investigación abierta en cuanto al régimen de ocupación de estas viviendas.
Pese a dos intentos de recuperar las viviendas, el resto de las familias del Polígono Sur acordó con este clan de etnia gitana la permanencia de los exiliados en el poblado al menos hasta el mes de septiembre, pues su regreso a la zona podría derivar en un enfrentamiento abierto con la familia a la que pertenecía el menor fallecido.
