SEVILLA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -
Tras el desalojo del asentamiento creado entre el puente de Juan Carlos I y el puente de hierro de San Juan de Aznalfarache, donde habitaban al menos 41 familias exiliadas del Polígono Sur por temor a represalias tras la muerte de un menor en un tiroteo, el colectivo de familias chabolistas se ha reagrupado totalmente en la carretera que conduce a la base militar de helicópteros de El Copero, donde hoy mismo ha expirado el plazo de 24 horas concedido ayer por la Autoridad Portuaria de Sevilla para abandonar estos suelos.
Tras el desalojo consumado el pasado viernes, primero en el poblado instalado entre el puente de hierro y el puente de Juan Carlos I y luego en el Charco de la Pava, --hasta donde se trasladaron estas familias tras cumplir la orden de desalojo dictada por el Ministerio de Economía y Hacienda--, las familias del asentamiento han superado la disgregación inicial y se han reagrupado en la carretera que conduce hasta la base militar de helicópteros de El Copero, a espaldas de las instalaciones del Puerto fluvial y junto a un lago.
"Aquí estamos todos", manifestaba en declaraciones a Europa Press Juan, uno de los ancianos que lidera a este grupo de familias cuyos antiguos hogares del Polígono Sur permanecen precintados por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio tras el éxodo protagonizado por temor a una venganza ante la muerte de este menor. Las viviendas, como se recordará, son de titularidad pública e inicialmente sólo tres de las familias contaría con documentación para probar su propiedad legal.
En torno a un camino de arena y piedras que parte de la carretera y se interna en una zona de matorral y arbolado disperso, estas familias han instalado sus autocaravanas, furgonetas y precario mobiliario doméstico entre los escombros y residuos esparcidos por estos suelos titularidad de la Autoridad Portuaria, que ayer les notificaba un plazo de 24 horas para abandonar la zona.
De este modo, según informaban a Europa Press varios de los miembros del colectivo, ha expirado ya el plazo concedido por la Autoridad Portuaria, pero "de aquí no nos movemos", sobre todo porque el conjunto de familias está a la espera de que dos de sus líderes consumen las gestiones iniciadas con las autoridades al objeto de localizar un emplazamiento para estas familias.
En cuanto a los aproximadamente cien menores que acompañan a los adultos, algunos de ellos escolarizados hasta el mencionado exilio del Polígono Sur, los líderes del colectivo se negaron rotundamente a permitir que las administraciones se hagan cargo de ellos pese a que carecen de cualquier tipo de comodidad o asistencia médica directa. "Eso nunca", coincidían en señalar varios de los miembros de este grupo, que incluso ha entregado a algunos de los menores a familiares para evitar que padeszcan las consecuencias de la vida nómada que protagonizan estas personas desde el pasado viernes.
EXILIO Y PACTO DE NO RETORNO
Por temor a represalias como consecuencia de la muerte de este menor, víctima de una bala perdida, estas familias abandonaron el Polígono Sur y crearon un poblado de chabolas entre los citados puentes, donde habitaban más de 300 personas sin electricidad, agua potable o cualquier comodidad en lo que algunos agentes sociales han declarado como "emergencia sanitaria", sobre todo por los cerca de cien menores contabilizados entre el colectivo.
Dado el exilio, la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio precintó las 41 viviendas de titularidad pública en las que residían en el Polígono Sur al objeto de esclarecer su verdadero régimen de ocupación, pues posiblemente sólo tres de las familias habitaba legalmente estos pisos. No obstante, el departamento de Juan Espadas no espera finalizar hasta septiembre la investigación abierta en cuanto al régimen de ocupación de estas viviendas.
Pese a dos intentos de recuperar las viviendas, el resto de las familias del Polígono Sur acordó con este clan de etnia gitana la permanencia de los exiliados en el poblado al menos hasta el mes de septiembre, pues su regreso a la zona podría derivar en un enfrentamiento abierto con la familia a la que pertenecía el menor fallecido.
