MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Sala Quinta del Tribunal Supremo se reunirá el próximo 10 de julio para deliberar y adoptar una decisión en relación con la sanción de 8 días de arresto que el entonces ministro de Defensa, José Bono, impuso al teniente general José Mena Aguado por sus palabras durante la Pascua Militar, el pasado 6 de enero en Sevilla, en las que advirtió de que si "los límites infranqueables" que marca la Constitución son rebasados por algún Estatuto autonómico, "sería de aplicación el artículo octavo de la Constitución".
El Título Octavo de la Carta Magna establece que las Fuerzas Armadas "tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad y el ordenamiento constitucional".
El entonces jefe de la Fuerza Terrestre del Ejército fue sancionado con 8 días de arresto por el ministro de Defensa, que le consideró responsable de una falta leve consistente en la expresión pública de opiniones que "supongan la infracción del deber de neutralidad" en relación con las opciones políticas.
Mena presentó un recurso contencioso disciplinario militar contra la sanción, que ahora será estudiado por cinco magistrados de la Sala Quinta, su presidente, Angel Calderón, quien también será el ponente de la sentencia que se dicte, Carlos García Lozano, José Luis Calvo, Angel Juanes y Javier Juliani.
El primer recurso interpuesto por Mena fue desestimado a finales del mes de febrero por el propio ministro en su condición de autoridad sancionadora.
DISCURSO DE MENA
Durante su discurso, en la Capitanía General de Sevilla, el teniente general Mena dijo que "afortunadamente, la Constitución marca una serie de límites infranqueables para cualquier Estatuto de autonomía", por lo que reiteraba un "mensaje de tranquilidad".
No obstante, advirtió de que "si esos límites fuesen sobrepasados, lo cual en estos momentos afortunadamente parece impensable, sería de aplicación el artículo octavo de la Constitución: las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad y el ordenamiento constitucional".
El alto mando también se refirió a "las graves consecuencias que tanto para las Fuerzas Armadas como institución como para las personas que las integran podría conllevar la aprobación del Estatuto de Cataluña en los términos que está planteado".
En su opinión, "el hecho de que en una autonomía sea exigible el conocimiento de su lengua particular es una aspiración desmesurada que obligaría a las Fuerzas Armadas a regular los destinos a esa autonomía de la misma forma que actualmente se regulan en el extranjero".
El teniente general señaló que siempre ha mantenido que los militares no deben "entrar en disquisiciones políticas, que lógicamente corresponden a los políticos", pero considera que sí forma parte de sus obligaciones "alertar" de las consecuencias que podría acarrear aprobar una propuesta como la contenida en el Estatuto catalán.
