MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo celebrará el próximo miércoles la condena a cuatro años de prisión impuesta en marzo de 2011 al ex alcalde de la localidad cordobesa de Encinarejo Miguel Martínez Múrez por los delitos de malversación de caudales públicos, infidelidad en la custodia de documentos y prevaricación urbanística.
La Sala de lo Penal deliberará sobre el recurso de casación para posteriormente dictar una sentencia de la que será ponente el magistrado Juan Saavedra, según informaron fuentes jurídicas.
La Audiencia Provincial de Córdoba consideró probado que el día 26 de septiembre de 2006, Martínez Múrez, entonces alcalde de la Entidad Local Autónoma (ELA) de Encinarejo por el Partido Andalucista, recibió en su despacho a representantes de una entidad mercantil que le presentaron un proyecto de construcción de dos viviendas en esta localidad.
Una vez que recibió la documentación con la solicitud, hizo el cálculo de la tasa por la licencia de construcción, fijándola en 4.413 euros. Igualmente, les indicó que le trajeran el dinero en metálico.
Pocos días después, uno de los representantes fue de nuevo al Ayuntamiento y le atendió Martínez Múrez, a quien le entregó el importe de la tasa, dándole el oportuno recibo que fechó el 28 de septiembre de 2006.
OCULTÓ DOCUMENTACIÓN
La sentencia recoge que el procesado "recibió el dinero, lo hizo propio, confeccionó y firmó el acuerdo de concesión de licencia, entendiéndolo así el solicitante". Añade que "la documentación la retuvo en su poder ocultándola, sin dejar constancia alguna en los registros y archivos de la ELA de Encinarejo".
Posteriormente, el 5 de noviembre de 2007, ya con nueva Corporación y nuevo alcalde, se advirtió el derribo y construcción que estaba llevando a cabo la entidad mercantil, cuyo representante exhibió la documentación en su poder justificativa del pago de licencias de obras.
Iniciadas las pesquisas para buscar el expediente que le sirviera de soporte, no se encontró nada más que un archivo informático de licencia de obra nueva.
Advertido de ello Martínez Múrez, entonces concejal de esa entidad, realizó un ingreso por importe de 4.414 euros en cuenta titularidad de la misma señalando como referencia el pago de licencia de esa construcción, y con igual fecha y a través de una empresa de mensajería, remitió la documentación que mantuvo en su poder, indicando a la referida constructora como remitente, y que incluía toda la que recibió del denunciante para obtener licencia.
Por estos hechos, el ex alcalde ha sido condenado a tres años de cárcel y seis de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de caudales públicos así como a un año de prisión por infidelidad en la custodia de documentos.
Además, ha sido condenado a 12 meses de multa con una cuota diaria de seis euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante siete años por un delito de prevaricación urbanística.
