El edificio de Nuevo Amate vigilado por la Policía.
APDH-A/EUROPA PRESS
Actualizado: viernes, 24 enero 2014 20:04

Las familias creen que la citación judicial ha sido una "trampa" para hacerles salir de las viviendas y piden la retirada de la denuncia

SEVILLA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 13 no ha tomado finalmente declaración este viernes a los miembros de las cinco familias que ocuparon varias de las 220 viviendas protegidas construidas por la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla (Emvisesa) en los suelos del antiguo barrio de Regiones Devastadas, donde actualmente se alzan estas viviendas conocidas como Nuevo Amate.

Las comparecencias han sido suspendidas después de que Emvisesa haya desistido de su petición de medida cautelar de desalojo, toda vez que las familias abandonaron voluntariamente las viviendas el pasado miércoles.

María, una de las personas que pertenece a este grupo de familias, ha manifestado a Europa Press que pese a que Emvisesa haya desistido de su petición de medida cautelar de desalojo, extremo vacuo ya de efectos al no persistir la ocupación de las viviendas, seguiría en pie la denuncia promovida por esta sociedad municipal a cuenta de la usurpación de las viviendas. "La citación era una trampa para obligarnos a salir", ha lamentado.

Así, desde el Juzgado de Instrucción número 13 se habría comunicado verbalmente a estas personas, todas ellas imputadas por un presunto delito de usurpación, que las comparecencias han quedado "aplazadas" a un momento aún por concretar.

El asunto está conectado con el proyecto promovido por el Ayuntamiento para regenerar por completo el antiguo barrio de Regiones Devastadas, ubicado en el distrito Cerro Amate y ahora rebautizado como Nuevo Amate. Las antiguas viviendas de protección oficial de este barrio fueron demolidas y en su lugar han sido levantados cinco edificios que contienen un total de 220 nuevas viviendas protegidas, todo ello de la mano de la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla.

Los inquilinos de las antiguas viviendas protegidas, todos ellos arrendatarios, fueron realojados en viviendas municipales como medida transitoria y a la espera de que las citadas 220 nuevas viviendas estuviesen a su disposición. Una vez listas las nuevas viviendas protegidas, el pasado mes de septiembre sólo 71 de los inquilinos recogieron las llaves de los pisos que les correspondían, porque buena parte de este colectivo de ciudadanos no ha ejercido su derecho a habitar estas viviendas y optan por permanecer en las viviendas de realojo que les fueron asignadas.

Bajo la premisa de la necesidad de contar con un techo y la ausencia de recursos económicos para tal aspecto, cinco familias accedieron a varias de las viviendas protegidas actualmente desocupadas en esta promoción, pero sin contar con relación contractual alguna con los pisos. Emvisesa, como titular de las viviendas, denunció la usurpación de las mismas e inmediatamente después fue desplegado un cordón policial que ha cosechado diversas críticas a cuenta de sus rigores y restricciones.

Mientras las familias alegan que llevan "toda la vida" reclamando a Emvisesa una VPO, el gobierno municipal del PP esgrime que dos de estas familias ni siquiera habrían tenido contacto con Emvisesa para optar a una vivienda protegida y las tres restantes "se habían interesado por carta" en la posibilidad de solicitar una VPO y "se les contestó" emplazándoles a comenzar el procedimiento administrativo correspondiente a la solicitud de una vivienda protegida, pero no habrían llegado a materializar nada.

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