SEVILLA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
El magistrado Pedro Izquierdo, que preside el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla que juzga al exfutbolista y actual delegado del Sevilla Fútbol Club, Juan Martagón, y a otros dos acusados como autores de una estafa piramidal cometida supuestamente tras no devolver 600.500 euros a una treintena de personas que entregaron dicha cantidad de dinero como parte de una inversión en la que se les prometía una rentabilidad del 20 por ciento ha suspendido el inicio del juicio, previsto para este lunes, para el próximo mes de enero.
Fuentes del caso han confirmado a Europa Press que la Sala ha suspendido el inicio del juicio señalando como nuevas fechas para su celebración los días 8, 9 y 10 de enero del próximo año. Todo ello después de alegar las defensas de los acusados la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por no haber tenido acceso a una copia íntegra de las actuaciones.
Y es que las defensas, según han explicado las citadas fuentes, no han tenido acceso a una pieza separada de la causa, que estaría integrada por unos mil folios y que recogería documentación acreditativa de contratos e inversiones de la empresa denunciada.
Las defensas han alegado tres cuestiones procesales para solicitar la suspensión del juicio alegando vulneración de la tutelación judicial efectiva en el derecho de derecho de defensa, prosperando dos de ellas, lo que ha motivado la suspensión del juicio hasta el próximo mes de enero.
La Fiscalía de Sevilla, en su escrito de acusación, solicita seis años de cárcel para Martagón y los otros dos acusados, identificados como Adrián Ruiz Moreno y Juan Torres Caballero, y el pago de una multa de 9.000 euros, así como que indemnicen conjunta y solidariamente a las víctimas en la cantidad supuestamente defraudada.
La Fiscalía relata en el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, elevado al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investigó el caso, que Ruiz Moreno y Torres Caballero junto a Joaquín Torres Pujol, contra quien se sigue un procedimiento independiente al estar ilocalizable, constituyeron en 2005 la sociedad 'Consultoría de Estudios Hipotecarios S.L.', a la que unos meses después se asoció Juan Martagón, siendo el objeto social de la misma la "intermediación financiera para conseguir préstamos y créditos hipotecarios".
Entre los años 2005 y 2008, los investigados "fueron captando clientes como inversores directamente, o cuando intermediaban en operaciones financieras que finalmente conseguían, solicitaban al cliente que pidiera más dinero del estrictamente necesario" para invertir esa diferencia en la sociedad "y así obtener una remuneración del 20 por ciento anual de lo invertido".
"Las entregas, que siempre se hacían en metálico por los clientes, eran utilizadas por los acusados en su propio beneficio o se invirtieron en negocios de alto riesgo", asevera el Ministerio Fiscal, que precisa que, "en ocasiones", los investigados "utilizaban la condición de ex jugador del Sevilla FC de Juan Martagón --cuya defensa ejerce el abogado José María del Nido Carrasco, hijo del expresidente del Sevilla FC y exvicepresidente de la entidad-- para dar mayor credibilidad o apariencia de seriedad al negocio".
De esta manera, los acusados "crearon una estructura piramidal, en la que los intereses de los inversores antiguos se abonaban (generalmente en mano y en metálico) con las aportaciones de los nuevos inversores", siendo los encausados "perfectamente conscientes" de que, en caso de que le fueran reclamadas todas las inversiones, "les sería imposible devolverlas tanto por falta de liquidez como porque nunca fue su intención hacerlo", haciendo así "suyas" las aportaciones realizadas.
Durante los referidos años, y según asevera el fiscal, los clientes "estuvieron percibiendo esa alta remuneración prometida, hasta que a mediados de 2008" los encausados "dejaron de pagar los intereses contractualmente pagados, no devolviendo a los inversores el capital invertido", ya que "nunca fue intención de los acusados devolverlo sino incorporarlo ilícitamente en sus respectivos patrimonios".
De esta manera, los investigados se habrían apropiado de un total de 600.500 euros aportados por una treintena de personas.
