28 de octubre de 2020
28 de septiembre de 2020

Suspendido el juicio contra Mellet al estar afectado de Covid-19 uno de los peritos propuestos por Fiscalía y Mercasa

Suspendido el juicio contra Mellet al estar afectado de Covid-19 uno de los peritos propuestos por Fiscalía y Mercasa
Fernando Mellet - EUROPA PRESS/PARLAMENTO ANDALUZ - ARCHIVO

La Fiscalía reclama para él cuatro años de cárcel y 19 años de inhabilitación por prevaricación y malversación

SEVILLA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha suspendido finalmente el comienzo previsto para este lunes del juicio promovido contra Fernando Mellet, exdirector de la empresa Mercasevilla, perteneciente al Ayuntamiento hispalense y la sociedad estatal Mercasa, por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos al haber encargado a una empresa la gestión de la escuela infantil de la entidad, "sin respetar" los principios de publicidad, concurrencia y transparencia y "excediéndose en las funciones" y limitaciones económicas del cargo que ostentaba.

El motivo de la suspensión es que uno de los peritos propuestos por la Fiscalía y la sociedad estatal Mercasa ha acreditado estar afectado por Covid-19, siendo imposible su comparecencia. Tal extremo, así, ha ocasionado la suspensión del juicio, sin que haya sido dictada aún nueva fecha para el mismo.

El escrito de acusación de la Fiscalía, recogido por Europa Press, detalla algunos pormenores del cargo de director gerente que ostentaba Fernando Mellet, condenado en 2012 a 21 meses de inhabilitación por un delito de cohecho derivado de haber pedido una 'mordida' de 450.000 euros al grupo hostelero La Raza por la gestión de una escuela de hostelería promovida por Mercasevilla e incentivada por la Junta de Andalucía.

En ese sentido, la Fiscalía recuerda que como director gerente de Mercasevilla, Mellet ostentaba "las obligaciones por parte de la sociedad hasta la cantidad máxima de 60.000 euros", pero siendo necesario que diese "cuenta de todas esas operaciones a la comisión ejecutiva a efectos de ratificación".

SIN PUBLICIDAD NI CONCURRENCIA

Empero, en febrero de 2004, según la Fiscalía, Mellet celebró un contrato "sin respetar" los principios de publicidad, concurrencia y transparencia inherentes a las entidades del sector público, como es el caso de Mercasevilla, pues encargó a la sociedad limitada Gestión Mohefa la explotación de la escuela infantil de Mercasevilla , "debiendo pagar dicha empresa" 78.131 euros en concepto de concesión y un canon anual de 15.025 euros.

Al poco, en concreto en marzo de ese año 2004, la comisión ejecutiva de Mercasevilla acordó que "no procedía la externalización" de la gestión de la escuela infantil, apostando por la gestión directa de dicho recurso, si bien en las dos reuniones celebradas por dicho órgano de Mercasevilla en torno a este asunto, Fernando Mellet "no informó de que existía un precontrato con Gestión Mohefa S.L.".

"Ante tal decisión de la comisión ejecutiva que imposibilitó la ejecución del precontrato firmado por el acusado sin dar cuenta ni a la comisión ejecutiva ni al consejo de administración, excediéndose de sus funciones y límites monetarios", según la Fiscalía, la empresa Mohefa promovió un litigio contra Mercasevilla, que fue finalmente condenada a "cumplir el precontrato" de explotación de la escuela infantil según lo firmado.

LA INDEMNIZACIÓN

Pero dada "la imposibilidad del cumplimiento de la sentencia" por los acuerdos adoptados por los órganos de Mercasevilla, Mellet firmó con Gestión Mohefa S.L. un nuevo acuerdo con una indemnización de 150.251 euros en favor de dicha empresa, cuando "el procedimiento civil habría terminado con una indemnización de en torno a 20.000 euros", siendo pagada dicha cuantía a Mohefa S.L., de nuevo sin que tal acuerdo fuese elevado a los órganos de la entidad pública.

Dado el caso, la Fiscalía aprecia respecto a Mellet presuntos delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos, solicitando para él nueve años de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público por el primer delito y cuatro años de cárcel y diez años de inhabilitación absoluta para empleo o cargo público por el delito de malversación.

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