Taxistas andaluces piden a Zoido protección contra las "coacciones" de colegas de la capital en el aeropuerto

Actualizado: domingo, 11 noviembre 2012 18:18

Además, solicitan una reunión a la consejera de Fomento para abordar el "problema" y reclamar medidas contra el "intrusismo"


SEVILLA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Transportistas Onubenses (ATO), la Asociación General de Transporte y Autónomos (AGTA), y la Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España (Fenadismer), han remitido una carta al alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP), reclamándole la adopción de medidas de protección y seguridad para el colectivo de taxistas de fuera de la capital hispalense --especialmente de Huelva, pero también de otras provincias como Córdoba y Cádiz-- que operan en el aeropuerto de dicha ciudad, ante las "coacciones y agresiones" que afirman sufrir por parte de colegas de esta ciudad andaluza.

Además, estos mismos colectivos han enviado una misiva a la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, al director general de Transportes, José Luis Ordóñez, y a la delegada territorial de Fomento, Vivienda, Comercio y Turismo, María Villaverde, solicitando una reunión para abordar este "problema", así como otras cuestiones relativas a la actividad de este colectivo.

En concreto, en la carta que dirigen al alcalde de Sevilla, a la que ha tenido acceso Europa Press, estas asociaciones recuerdan que los taxistas sevillanos "no deben ni pueden apropiarse para su uso y negocio exclusivo" de infraestructuras como el aeropuerto, que son "de interés general", y señalan que el Decreto 11/85 "deja claro que es legal que cualquier taxista andaluz pueda usar esas infraestructuras para atender a sus clientes, dejar o recoger viajeros y siempre que antes de iniciar el viaje haya sido precontratado por su familia, por su empresa, o por cualquier operador turístico, hotel o agencia de viajes".

Por ello, este colectivo reivindica su derecho a "trabajar libremente" en el aeropuerto sevillano, y rechaza las "numerosas coacciones verbales y no verbales", e incluso "agresiones" que en forma de "zarandeos, pinchazos de ruedas, rotura de lunas y arañazos", entre otras, afirman sufrir por parte de compañeros de profesión de la capital hispalense, que actúan "con prácticas de pandilla organizada".

Se trata, precisan estas asociaciones, de "un pequeño grupo de taxistas" que "no puede confundirse con una mayoría", si bien ésta, "a veces con su silencio, cae en la complicidad por omisión y en el más puro gremialismo".

De esta manera, este colectivo de trabajadores aboga por diseñar "una estrategia y unidad de acción con el Ayuntamiento, la Subdelegación de Gobierno y la Delegación de Fomento de Sevilla" que se plasme en el aumento del número de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil en el aeropuerto, y que esta mayor presencia policial sirva también para "controlar y erradicar el intrusismo" que, según ellos, llevan a cabo "cada día más" quienes "con sus coches privados y carentes de licencia municipal y autorización VT" prestan el servicio de taxi "sin garantías de seguridad y servicio publico".

"Lo que viene sucediendo en el aeropuerto de Sevilla no son simples infracciones administrativas de trafico, transportes o contra la Ordenanza Municipal, se trata de coacciones y agresiones que caen en supuestos del ámbito del Código Penal", insisten los taxistas en su carta, en la que además abogan por "fomentar y facilitar mediante infraestructuras modernas planes de movilidad de personas y mercancías".

PIDEN A LA JUNTA LA MODIFICACIÓN DEL DECRETO 11/85

De igual modo, en la carta que han remitido a distintas autoridades de la Junta de Andalucía, los taxistas solicitan a la Dirección General de Movilidad una modificación del Decreto 11/85 para eliminar las "barreras artificiales" a la labor de los profesionales del taxi también en las estaciones de tren y autobús, y no sólo en puertos y aeropuertos, al entender que, en general, éstas son "infraestructuras públicas de carácter supramunicipal" en la que ellos tienen "derecho a trabajar legalmente y sin coacciones ni agresiones".

Además, insisten en reclamar "una lucha contra el intrusismo de los coches privados que carecen de licencia municipal y VT cuya competencia es ilegal e irracional", y que "ejercen con total impunidad por falta de apoyo normativo".

Para acabar con esta situación, plantean la aprobación en Andalucía de un decreto equivalente al Decreto Ley 6/2012 de 8 de junio que ha aprobado la comunidad de las Islas Baleares "de medidas urgentes sobre régimen sancionador en materia de transporte publico discrecional de viajeros en vehículo de turismo" en dicho ámbito territorial.