La fiscal jefe reconoce que el Juzgado de Violencia contra la Mujer de Sevilla está "colapsado", con cuatro detenciones diarias
SEVILLA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
El 20,40 por ciento de los procedimientos judiciales desarrollados en Andalucía por violencia de género son por casos de malos tratos habituales y el 33,30 por ciento lo son por delitos de maltrato ocasional, según se refleja en el análisis estadístico realizado con los datos recogidos por las fiscalías de la comunidad andaluza.
Los datos fueron dados a conocer hoy en Sevilla en rueda de prensa por la fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Sevilla, María José Segarra, acompañada por la consejera de justicia y Administración Pública, María José López, y la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Soledad Ruiz, antes de la reunión de la Comisión de Seguimiento del convenio suscrito entre la Junta de Andalucía y el Ministerio Fiscal para la especialización de fiscales en materia de violencia sobre la mujer.
La fiscal jefe de Sevilla precisó, antes de desglosar los datos, que sólo recogen porcentajes --y no cifras concretas-- debido a la carencia de una aplicación informática de ámbito nacional en las fiscalías, lo que impide que los datos se computen "con más rigor", una aplicación confió en que pueda funcionar el año próximo.
Además de dicha apreciación, se señaló que en 2005 los datos del primer trimestre se refieren conjuntamente a Violencia sobre la Mujer y doméstica --pues hasta entonces se llevaban de forma conjunta--, siendo los únicos datos numéricos de Violencia sobre la Mujer los correspondientes al segundo semestre, a partir de la puesta en funcionamiento de los Juzgados especializados, pero aún así no han podido ofrecerse con integridad pues algunas fiscalías dieron datos globales conjuntamente con y otros sólo de violencia contra la mujer.
Tras ello se concretó que de las diligencias que no han sido objeto de acuerdo con la condena en el juzgado o se han tramitado por el procedimiento ordinario, un 62,89 por ciento han sido objeto de juicio y posterior sentencia condenatoria y un 18,6 por ciento de absolución. Estos últimos lo fueron, en su mayoría, por el uso de las víctimas de su derecho a no declarar contra un familiar, algo que "está preocupando" a los fiscales.
También se dio a conocer que se registraron 61 informes de retirada de acusación por parte de fiscales y que el procedimiento de diligencias urgentes o juicios rápidos no ha sido el más empleado, observándose un descenso en su uso frente a la tónica general en el resto de delitos; así, en procedimientos por violencia de género se registraron el 34,5%, mientras que se tramitaron por procedimiento ordinario el 65,4% y se incoaron el 0,1% de sumarios y ningún procedimiento por jurado.
En cuanto a la tipología de delitos que configuran las agresiones a las mujeres, por su importancia numérica destaca que el 33,30% de los procedimientos que se siguen por violencia de género lo son por delito de maltrato ocasional. De los procedimientos que se han calificado y llevado a juicio en los últimos seis meses de 2005, el 62,89% se ha resuelto por sentencia condenatoria, el 18,68 por sentencia absolutoria, habiéndose llegado a acuerdos de condena por conformidad directamente en los juzgados de violencia sobre la mujer en el 54% de los casos.
El segundo grupo analizado fueron los procedimientos por malos tratos habituales, que constituyen el 20,40% de los procedimientos por violencia de género. De los procedimientos calificados y llevados a juicio por este delito, el 27,7% han resultado condenas , el 11,7 absoluciones y un 22,43% de conformidades.
Los delitos de lesiones representan el 18,19% de los procedimientos incoados; le siguen a continuación los procedimientos por delito de amenazas, el 14,8%, y los delitos de quebrantamiento de medidas cautelar y condenas, un 5,9%. El resto de modalidades delictuales que se registran en la violencia de género no son relevantes numéricamente, según el análisis realizado, aunque se trate algunos de hechos de indudable gravedad.
Las sentencias condenatorias dictadas lo han sido a penas de prisión en un 63,08%, de las que se ha suspendido la condena de forma provisional en un 33%. Ha sido sustituida la pena de prisión en un 16,9%, según el informe.
En cuanto al ámbito de medidas cautelares, puntal del sistema de protección contra la violencia de género, las medidas de alejamiento del agresor constituyen el 43,29% de las solicitudes de medidas cautelares, siendo el 56,70% restante solicitudes de ordenes de protección. Finalmente, en el análisis sobre la relación víctima-agresor, en el 45,86% de los casos se trataba del cónyuge, en un 12,45% de ex conyuge, en un 17,21% se trataba de la pareja de hecho y un en un 12,56% la ex pareja de hecho.
COLAPSO EN SEVILLA
En cuanto al Juzgado de Violencia contra la Mujer de Sevilla, la fiscal jefe reconoció que en esta provincia se ha detectado un volumen "importante" de trabajo y, aunque en noviembre se reforzó con otro juzgado y dado que se hacen cuatro detenciones diarias y se solicitan otras tantas órdenes de protección al día, la situación "le llevó al colapso, los funcionarios trabajaban fuera de horario y después de creó el juzgado 1 bis, pero el bloqueo aún no se ha superado y hay un retraso en los procedimientos civiles y ordinarios".
Así, tras señalar que está previsto que el nuevo se convierta en un segundo juzgado que funcione a pleno rendimiento, Segarra dijo que entonces se evaluará si es suficiente, o no. Con todo, aseveró que de haber existido dos juzgados no se hubiera llegado a dicha situación.
Segarra destacó igualmente que se están notando casos de maltrato de mujeres extranjeras en situación ilegal en España, lo que supone una doble ley del silencio que reprime a la hora de denunciar, algo que está preocupando a los fiscales y que fue analizado en la reunión de hoy.
En su conjunto, las conclusiones de este informe se presentaron a la comisión de seguimiento, ante la que la consejera destacó el impulso en la colaboración entre la Junta de Andalucía y el Ministerio Fiscal a fin de seguir desarrollando los objetivos de especialización propuestos y de coordinación entre las instituciones para la defensa de las víctimas de la violencia de género.
La comisión está encargada de la interpretación, seguimiento y evaluación del convenio de colaboración suscrito el 30 de noviembre de 2004 entre la Administración autonómica y el Ministerio Público para la especialización de fiscales destinados en Andalucía en materia de violencia sobre la mujer, y que ha estado presidida por la fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Sevilla.
A juicio de la consejera, la participación de las consejerías intervinientes en dicho convenio (Igualdad y Bienestar Social y Justicia y Administración Pública), con la finalidad de conseguir un mayor nivel de eficacia en la actuación y gestión de la acusación pública para los delitos relativos a la violencia sobre la mujer, además de ser beneficiosa para el desempeño de las funciones del Ministerio Fiscal, sirve como instrumento de armonización y colaboración entre las instituciones.
En este sentido, apostó por trabajar en una única dirección para obtener el fin último de la erradicación de la lacra de la violencia de género, "ya que se trata de una obligación democrática del conjunto de los poderes públicos, con una respuesta global, desde la acción multidisciplinar y desde todas las instituciones y agentes que intervienen en los procesos de atención, protección y recuperación de las víctimas".
