Concentración antes del juicio.
IU
Publicado: viernes, 19 enero 2018 17:17

SEVILLA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla ha aplazado al 15 de febrero la vista oral fijada inicialmente para este viernes, a fin de resolver los cargos que pesan sobre cuatro de los activistas promotores de la ocupación de un edificio de la calle Fray Isidoro de Sevilla, por un presunto delito de usurpación de dicho inmueble.

Este colectivo de activistas por el derecho a la vivienda, auto bautizado como Corrala Dignidad, reivindica el acceso "digno" a la vivienda y protagonizó el incidente vivido durante la sesión plenaria de diciembre del Ayuntamiento de Sevilla, mientras se debatía una moción de Participa Sevilla en demanda del cumplimiento de múltiples acuerdos plenarios pendientes de ejecución.

Un grupo de miembros de este colectivo que asistía a la sesión plenaria en calidad de público se levantó de sus asientos y, coreando la consigna de "derecho a techo" y alzando pancartas, avanzó hacia el espacio del salón de plenos donde están instaladas las bancadas de los concejales. El Gobierno socialista del Ayuntamiento hispalense, en ese sentido, acusa a los miembros de esta protesta de un "intento de saltar los controles y acceder a la bancada de los concejales", mientras después de que estas personas fuesen desalojadas del salón de plenos, Participa e IU criticaban la actuación "a golpes" de la Policía Local.

PROCESO JUDICIAL

Pero más allá de dicho incidente, en el que el colectivo niega que fuese superado el cordón que separa los asientos del público de las bancadas de los concejales, el Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla había fijado para este viernes una vista oral por un presunto delito de usurpación implícito en la ocupación del mencionado edificio de la calle Fray Isidoro de Sevilla, propiedad de "la Marquesa de Lebrija".

No obstante, uno de los miembros del colectivo ha manifestado a Europa Press que la vista oral ha sido aplazada al 15 de febrero, al ausentarse uno de los denunciados alegando motivos de salud y no asistir tampoco tres de los abogados de oficio designados para estas personas.

La ocupación del edificio, según el colectivo, comenzó el pasado 12 de noviembre bajo la premisa de que el mismo estaba abandonado y hay necesidades de vivienda en la sociedad, toda vez que en el inmueble residirían de modo permanente hasta un total de "28 personas" a cuenta de este acto de ocupación.

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