SEVILLA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
El juez de Menores de Granada, Emilio Calatayud, señaló hoy que espera que el caso de Iván y Sara "sirva de estímulo para agilizar los trámites en los temas de menores", después de que la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, que obliga a la Junta de Andalucía a pagar la cantidad de 1.400.000 euros a Carmen F.F, la madre de los menores, por declararlos en desamparo y darlos en adopción en 1998 mientras ésta se encontraba en tratamiento de desintoxicación de su adicción al alcohol.
En declaraciones a los periodistas, antes de su comparencia en las Jornadas Andaluzas 'Laicismo y transmisión de valores' organizadas por Codapa, Calatayud que, aunque no entra en analizar quien tienen la razón "porque son criterios jurisdicciones", sí destacó la necesidad de una mayor agilidad en la resolución de los temas que afectan a menores, ya que a su juicio, "cuatro años en la vida de un chaval son muy importantes y se les puede causar un daño irreparable".
Asimismo, señaló que "no tiene sentido" que se dicte una sentencia de primera instancia por parte del juez de familia y a los cuatro años resuelva la audiencia provincial, por lo que consideró que, "sería bueno establecer unos mecanismos de agilización para la resolución de estos problemas en los que existen menores implicados".
AUTO DE IVAN Y SARA
El texto del auto, al que tuvo acceso Europa Press, recalca que dicha cantidad indemnizatoria, acordada como ejecución sustitutoria por "incidente" de anterior resolución de la Sala, en la cual obligaba a la Junta a cesar la tutela ejercida sobre los menores --pero que no pudo llevarse a cabo por sentencia del 2002 en la que se decía que era imposible que Iván volviera con su madre--, deberá ser pagada en un plazo de 20 días.
Si la Administración autónoma no paga en este período de tiempo, el letrado de Carmen F.F., Gabriel Velamazán, tramitará una demanda de ejecución, que obligaría también a la Junta a pagar las costas de este nuevo proceso.
El auto es dictado como consecuencia de la apelación llevada a cabo por la madre de los menores, la Junta y la Fiscalía de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Sevilla, de marzo del 2005, que obligaba a la delegación provincial de Igualdad y Bienestar Social de Sevilla a pagar 72.670 euros y a Iván a permanecer con el matrimonio adoptivo formado por J.S.M. y J.R.G. --Sara, por decisión propia, decidió volver con su madre, que ahora reside en Madrid, en septiembre de 2004--. En este sentido, la madre intenta establecer un régimen de visitas con su hijo.
