SEVILLA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC), por providencia del 12 de febrero, ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de 50 diputados del grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados contra varios artículos de la Ley de Farmacia de Andalucía (LFA).
Según publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE), consultado por Europa Press, el recurso de inconstitucionalidad elevado por el PP afecta a los artículos 13; 33.2; 40.1.a), inciso primero del último párrafo; 41.1.c), párrafo segundo, y 47.1 y 3 de la norma andaluza, de 18 de diciembre.
En concreto, los populares han reiterado en varias ocasiones que la actual ley andaluza "vulnera" el modelo de proximidad de la farmacia española e "incide" en una reforma que ya hizo en 2003 comunidades como Castilla-La Mancha "y que también tumbó el Constitucional".
Fundamentalmente, el PP ha planteado su recurso ante el TC por los artículos 47, referido a las transmisiones onerosas o compra-venta de las farmacias; 40, que hace referencia a la sanción extensiva a ambos cotitulares de una farmacia en caso de que uno de ellos infrinja de forma grave la ley; y 13, que recoge las formulaciones magistrales, en las que el PP entiende que son competencia exclusiva del Estado y no de las comunidades.
Entre los principales escollos a la norma, el PP apunta que el artículo 47 podría incurrir en inconstitucionalidad tras remitirse a sentencias judiciales como la 109/2003 del Constitucional, "en la que se recoge que no se está a favor de la limitación del derecho de la transmisión de las farmacias y que no cabe su modificación autonómica".
Igualmente, alude a los informes que tanto el Consejo Económico y Social (CES) como el Consejo Consultivo de Andalucía emitieron sobre este punto de las transmisiones, "resolviendo su marcado carácter intervencionista".
Junto al artículo 47 de la norma, principal punto de desacuerdo que ha llevado al PP a plantear este recurso, los populares apuntan al artículo 40 de la actual LFA, del que dicen "quiebra el principio de presunción de inocencia, por lo que puede ser motivo de inconstitucionalidad".
Esta argumentación encuentra su resonancia en los argumentos esgrimidos también por otros organismos como la Confederación Empresarial de Oficinas de Farmacia de Andalucía (Ceofa), que sostiene que "la pérdida de la autorización de un cotitular no debe afectar al otro, puesto que la responsabilidad penal o administrativa no es transmisible, salvo que se demuestre que ha participado en la infracción que originó la inhabilitación".
En cuanto al artículo 13 de la norma, el PP entiende que es un "intento de intervención" por parte de la comunidad autónoma en la formulaciones magistrales, "que al tratarse de medicamentos son competencia exclusiva del Estado".
