SEVILLA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha admitido a trámite una querella criminal presentada por el sindicato CSI-CSIF contra el consejero de Empleo, Antonio Fernández, a quien acusa de un supuesto delito de prevaricación por no dar "rápido cumplimiento" a una sentencia del Tribunal Supremo que anula "definitivamente" parte del decreto sobre la gestión de las residencias de tiempo libre en Andalucía y seguir aplicándolo durante la temporada baja.
La organización sindical llevó el decreto a los tribunales al entender que la Junta "privilegiaba" a UGT y CC.OO, al otorgarles la gestión del 70 por ciento de las plazas de las seis residencias de tiempo libre de la comunidad, así como el 20 por ciento de los ingresos generados.
Según informó CSI-CSIF en un comunicado remitido a Europa Press, se ha visto "obligada a formular esta querella por presunto delito de prevaricación, con las consecuencias penales que de ello puedan derivarse", después de haber dirigido varios escritos y un requerimiento notarial al consejero para que hiciera cumplir la sentencia del Alto Tribunal.
"La gota que ha colmado el vaso de la paciencia de CSI-CSIF ha sido la conducta dilatoria que evidencia la mala fe del consejero, al no responder a los primeros escritos y hacerlo sólo al último de una manera que entendemos evasiva y en fraude de ley, de tal forma que, a pesar de dicha sentencia, ha seguido aplicando el mismo sistema de gestión de las residencias establecido en el decreto anulado durante la temporada baja y posiblemente lo haga en la alta o de verano", denunció.
CSI-CSIF, que en abril pidió la dimisión del consejero, aseveró que la Junta tiene "pleno conocimiento" de todas las notificaciones de sentencias y autos que se han venido produciendo en el TSJA y en el Tribunal Supremo sobre este caso, por lo que se preguntó "a qué espera para dar cumplimiento a algo que legalmente es nulo, es decir, que nunca debió aplicarse" y si Fernández "tiene intereses o compromisos inconfesables".
Con la interposición de la querella criminal, este sindicato pretende que "se depuren las responsabilidades a que haya lugar en tan negligente actuación de la Junta, que además de no reparar un atentado cometido desde 1999 contra la libertad sindical, está causando daños a todas las personas que quieran obtener una plaza en las residencia de tiempo libre en condiciones de igualdad, así como al erario público, por las costas procesales".
Además, exigió al titular de Empleo que, para conseguir que "todos los ciudadanos seamos iguales ante la ley en este tema", la gestión de la adjudicación de las plazas en estas residencias corresponda exclusivamente a la Junta; que el sorteo de las plazas sea público y en él estén presentes las centrales sindicales; y que el listado y adjudicación se publique "inmediatamente" a través de internet y de otros medios "que garanticen la mayor difusión posible".
LA SENTENCIA DEL TS
La sentencia del tribunal supremo, de julio de 2005, declaraba la nulidad de varios artículos del decreto por el que se regula el uso, participación y gestión de las residencias de tiempo libre de la Administración regional, al entender que vulnera el derecho a la libertad sindical en condiciones de igualdad.
"Hasta ahora entre CC.OO y UGT se repartían el 70 por ciento de estas plazas, quedándose en concepto de 'gastos' con el 20 por ciento de lo que ingresaban los adjudicatarios, mientras que sólo el 30 por ciento restante ha sido gestionado directamente por la Junta", explicó CSI-CSIF, que apuntó que esto suponía una doble ventaja para estos sindicatos, "por un lado su promoción y, por otro, los inmensos beneficios que obtenían".
Por su parte, el consejero de Empleo, Antonio Fernández, afirmó recientemente en una comisión parlamentaria que su departamento "dará cumplimiento" a esta sentencia del Tribunal Supremo que declara la nulidad de varios artículos del Decreto 15/1999 por el que se regula el uso, participación y gestión de la red de residencias de tiempo libre pertenecientes a la Junta de Andalucía.
