SEVILLA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
En el marco de la investigación de los presuntos ataques y amenazas sufridos por conductores de vehículos de transporte concertado (VTC) a manos de taxistas y supuestas coacciones en la parada de taxis del aeropuerto de Sevilla, el director del aeropuerto de San Pablo, Jesús Caballero, testificó que durante "los primeros días" en el cargo detectó "que le habían seguido taxis hasta su casa", según figura en un oficio de la Policía Nacional recogido por Europa Press.
En dicho oficio, fechado en junio de 2017, la Brigada de Información de la Policía Nacional aborda el caso de dos policías locales que habrían sido sometidos a "seguimiento por alguien que ha entregado fotografías" de los mismos a la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, cuyos principales responsables están investigados por el Juzgado de Instrucción número ocho. La finalidad de tales fotos, según los investigadores, podría ser "tener pruebas de conductas reprobables para poder presionar a conveniencia" a estos agentes de la Policía Local.
Dicho "seguimiento", según los agentes, "concuerda con la manifestación" del director del aeropuerto de Sevilla, Jesús Caballero, quien habría declarado que tras desembarcar en el cargo allá por 2013, "detectó que le habían seguido taxis varios días hasta su casa", sin que pudieran llegar hasta la puerta de su domicilio al estar el mismo ubicado en una urbanización dotada de "control de entrada y vigilante".
LA VIDA DE "PERSONAS INFLUYENTES"
En aquel momento, según exponen los agentes sobre el testimonio del director del aeropuerto, éste "prefirió no darle la menor importancia". Además, Caballero habría declarado que en "alguna conversación telefónica", el presidente de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, investigado en la causa, habría "alardeado de conocer secretos de la vida íntima de personas influyentes y amenazar con darlos a conocer para conseguir lo que quiere".
A tal efecto, los agentes señalan en este oficio las fotografías intervenidas en la sede de Solidaridad del Taxi, sobre la boda civil del presidente de la asociación, oficiada por el actual concejal de Seguridad y Movilidad, el socialista Juan Carlos Cabrera, quien además habría asistido a la celebración. En ese sentido, mientras los agentes interpretan una posible "relación de amistad" entre el presidente de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi y el concejal, éste ultimo ha defendido que su "responsabilidad no es de amistad, sino de hacer cumplir las ordenanzas", recordando que el propio Filgueras le ha recriminado una supuesta "persecución" al sector local del taxi.
Fruto de las pesquisas iniciales de la Brigada de Información de la Policía Nacional, que ha investigado al menos a 32 taxistas, el Juzgado de Instrucción número ocho ha dividido sus actuaciones en una primera causa sobre las supuestas amenazas y ataques de taxistas a conductores de vehículos de transporte concertado VTC y unas segundas diligencias sobre presuntas situaciones de coacción y amenaza para acaparar la parada de taxis del aeropuerto, sujeta a una tarifa única que oscila entre 22,3 y 24,3 euros por trayecto.
LA SITUACIÓN DE SOLIDARIDAD HISPALENSE
En las segundas diligencias, en ese sentido, figuran como investigados los principales dirigentes de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, entre ellos Enrique Filgueras, Antonio Velarde o Francisco Ternero, toda vez que esta organización está radicada precisamente en un local del aeropuerto de Sevilla, registrado en junio de 2017 por la Policía Nacional.
Al respecto, los informes policiales derivados de dicho registro, recogidos por Europa Press, reflejan que los agentes habrían encontrado en la sede de Solidaridad Hispalense del Taxi documentación relativa a supuestas sanciones de la asociación a sus miembros, con prohibiciones temporales respecto al uso de la parada de taxis del aeropuerto o medidas punitivas por no participar en las movilizaciones convocadas por la entidad. En algunas sanciones, según los agentes, mediaría la máxima de que ante "cualquier duda", los taxistas afectados debían dirigirse al secretario de la asociación y "nunca" al presidente, Enrique Filgueras, porque tal extremo implicaría la "duplicación" de la sanción.
De estos extremos, a juicio de los agentes, se infiere "que la Asociación Solidaridad Hispalense del Taxi impone su propio calendario de días de descanso o bien se arroga la potestad sancionadora de la administración".
Entre la documentación decomisada, además, figurarían "fotografías de coches patrulla de la Policía Local en la que sale la placa de matrícula y fotografías de policías locales, además de anotaciones de números de carné de policías locales que señalan como perseguidores de los taxistas de la asociación".
Igualmente, los agentes habrían encontrado, siempre según este oficio, "fotografías de vehículos VTC estacionados" en un lugar donde "se produjeron daños grabados en las cámaras de video vigilancia los días 9, 21 y 25 de enero" de 2017, así como "fotografías de un conductor de Tussam".
