Recurrirán al contencioso-administrativo en el caso de que la vía civil responda negativamente sobre la responsabilidad administrativa
SEVILLA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -
La familia del niño de tres años que en 2006 murió asfixiado por una papelera en el colegio 'Jacarandá' de Sevilla Este intentará reabrir la vía penal, que en su día quedó archivada por la Audiencia de Sevilla, con la búsqueda de una declaración testifical no aportada al caso hasta el momento, y que consiste en el testimonio de una mujer que al parecer habría observado los hechos desde la ventana de un bloque de edificios cercano.
El abogado de la familia, Félix Muñoz, precisó a Europa Press que para la "compleja" reapertura de esta vía sería necesaria la aportación de un "hecho novedoso" que arrojara luz al caso sobre la "responsabilidad" de la administración en el accidente.
En este sentido, Muñoz aseguró que la familia y su representación legal buscan el testimonio de esta mujer, "que llegó a salir hasta en algún medio de comunicación contando cómo vio que el niño estuvo durante bastante tiempo desatendido".
"Sería un dato importantísimo", según el letrado, para un caso que en estos momento se dilucida por la vía civil, donde se instruye una reclamación administrativa por la responsabilidad de los docentes y, como administración, de la Delegación Provincial de Educación de la Junta de Andalucía en Sevilla --la familia iría al contencioso-administrativo si la resolución es negativa--, causa a la cual se añadió hace poco un informe de la asesoría jurídica de la Junta.
En dicho informe, al que ha tenido acceso Europa Press, se informa sobre la existencia de un nexo o causalidad "directa y necesaria" entre el daño producido y la conducta de la administración. "El tiempo --transcurrido en el fallecimiento-- y el número de profesores y alumnos presentes en el patio en el momento de producirse los hechos resultan esenciales para apreciar una falta en el deber de vigilancia casi equiparable a la ausencia del profesor", continúa el documento.
Y es que, según la asesoría jurídica de la administración autonómica, no queda acreditado que el personal presente desplegara "toda la diligencia necesaria para prevenir el daño", toda vez que se reconoce que transcurrieron "al menos" tres o cuatro minutos entre que el menor metió la cabeza y su muerte, mientras la familia trata de demostrar que fue más tiempo.
PARA LA FAMILIA, "HAY MENTIRAS" EN EL CASO
Por parte de la familia, el tío del menor, Juan Jesús González, indicó a Europa Press que el convencimiento de los allegados del menor es que "hay mentiras, y o no han sido capaces de descubrir la verdad o no han querido hacerlo".
En este sentido, González señaló que en las declaraciones de los profesores que el 25 de abril de 2006, día del suceso, estaban de turno de trabajo en el colegio se observan "contradicciones". Una de las más importantes de ellas hace referencia a cómo en una de las declaraciones ante la Policía, a la que tuvo acceso Europa Press, una de las docentes aseveró que "se encontraba en la sala de profesores con otros profesores", mientras que en los testimonios de otros se hacía referencia a que "todos" los profesores se encontraban vigilando el patio.
Asimismo, criticó que en la autopsia --cuyos resultados no han sido facilitados a la familia-- no se realizaran estudios de las lesiones que permitieran determinar el tiempo que el niño estuvo atrapado en la papelera, y expresó su convencimiento de que el caso se produjo por "la negligencia, irresponsabilidad, ineptitud y poca profesionalidad" de los docentes.
