SEVILLA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -
La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya Rodríguez, ha considerado "verosímil" imputar por un presunto delito de cohecho a los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Antonio Ponce; al delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, y a la funcionaria Regla Pereira, todo ello dentro de la investigación abierta por el presunto cobro de comisiones ilegales por parte de Mercasevilla a dos empresarios del Grupo La Raza.
En un auto, fechado el pasado día 14 de diciembre y al que ha tenido acceso Europa Press, la juez instructora acuerda la incoación de procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado, convocando a los imputados, a la acusación particular y a las acusaciones populares a la vista que tendrá lugar el próximo día 23 de diciembre a partir de las 10,30 horas.
De igual modo, requiere a los cuatro imputados para que, en el plazo de un día, presten una fianza cada uno de ellos de 400.000 euros de cara a asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérsele, con el apercibimiento de que, de no prestarla, se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada, al tiempo que otorga a las partes un plazo de tres días --a partir de la última notificación practicada a las partes-- para interponer recurso de reforma contra esta resolución.
En este sentido, relata que el 16 de enero de 2009, y tras haberse concedido a la Fundación Mercasevilla por el Servicio Andaluz de Empleo una subvención de 900.000 euros para la creación de una escuela de hostelería, "presuntamente a instancias de Rivas y de Mellet se exigió por parte del también inculpado Ponce --en presencia de Pereira-- al empresario Pedro Sánchez Cuerda la suma de 450.000 euros, 150.000 para costear la acometida eléctrica de la referida escuela y 300.000 como comisión a abonar a la Junta en contraprestación a la subvención concedida por ésta, que entregarían en un maletín que dejarían olvidado en un despacho para que alguien enviado al efecto lo recogiese".
Al hilo de ello, señala que, "siguiendo supuestamente las indicaciones iniciales de Rivas, el 27 de enero Mellet y Ponce" tuvieron una nueva reunión con Sánchez Cuerda y José Ignacio de Rojas Rodríguez, "en la que nuevamente le volvieron a exigir presuntamente ambas cantidades, afirmando ambos imputados que los 300.000 euros se le solicitaban por exigencia de la Junta, ya que en la misma era normal reclamar este tipo de contribución, afirmando que la Junta colaboraba con quienes, a su vez, colaboraban con ella".
CONVERSACIÓN GRABADA
Tras recordar que esta conversación fue grabada por los representantes del Grupo La Raza, indica que Mellet, en su declaración policial y ante la Fiscalía, "afirmó que recibió del inculpado Rivas dos llamadas, una en diciembre de 2008 para confirmarle la concesión de la subvención y para decirle que tenía que pedirles al Grupo La Raza una contribución voluntaria para la Junta de 300.000 euros, exigencia que volvió a reiterarle a Mellet cuando lo llamó por teléfono el día 5 de enero de 2009".
Por su parte, añade que Ponce, en su declaración policial y ante la Fiscalía, "mantuvo que recibió en los momentos previos a la reunión del día 16 de enero instrucciones directas de Mellet para que exigiera a los representantes de La Raza dicha comisión ilegal, en las que Mellet le expuso que ello habría sido ordenado por el delegado provincial de Empleo".
Según relata, en el presente caso resulta "verosímil" la imputación de estas cuatro personas, "en virtud del contenido de la grabación de la reunión del 26 de enero, cuyo contenido e intervinientes fueron reconocidos por Mellet y Ponce en sus declaraciones policiales y ante la Fiscalía; por el testimonio prestado en sede judicial por parte de los representantes de La Raza, y, finalmente, por las referidas declaraciones de los citados inculpados en las que reconocieron los hechos descritos".
"CARACTERES" DE UN DELITO DE COHECHO
Así, añade que estos hechos revisten, "por ahora y sin perjuicio de ulterior calificación", los caracteres de un delito de cohecho del artículo 425 del Código Penal, "que es de los atribuidos a la competencia del Tribunal del Jurado", precisando que el artículo citado "castiga a la autoridad o funcionario público que solicitare dádiva o presente o admitiere ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo o como recompensa del ya realizado".
En esta línea, la juez instructora agrega que, a este respecto, todos los inculpados "tienen la condición de funcionarios públicos, pues si bien pudiera ser más claro respecto del inculpado Rivas, también participan de dicha condición Mellet, Ponce y Pereira, los primeros director y subdirector de Mercasevilla, y Pereira directora de Proyectos de la Fundación Socio-asistencial creada por Mercasevilla".
