SEVILLA, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Sevilla ha solicitado un año de prisión, 12.000 euros de multa y la demolición de lo construido para un promotor de la localidad de Utrera que hizo obras de urbanización en suelo rústico, concretamente en tres fincas que luego parceló dando lugar a la formación de núcleos de población.
En este sentido, fuentes judiciales informaron a Europa Press de que el acusado, identificado como S.M.F., era propietario de tres "extensas" fincas en la localidad utrerana, pero "sin autorización y contra la legalidad vigente" hizo obras de urbanización en suelo rústico --olivar de secano--, "donde están prohibidos usos ajenos al carácter agrario del suelo".
De este modo, las mismas fuentes precisaron que el imputado parceló las fincas en 137 parcelas pequeñas, "originando un peligro de formación" de núcleos de población, "que en efecto se ha producido", relatando que vendió las parcelas a particulares desde el año 2006 y levantó dos edificaciones él mismo.
Al hilo de ello, señalaron que las obras "no son legalizables por ser contrarias al planeamiento municipal", por lo que el Ayuntamiento las paralizó, "pero la conducta del acusado provocó que los propietarios compradores levantaran edificaciones en sus subparcelas".
Así, las fuentes consultadas por Europa Press indicaron que todo ello "ha dado lugar a numerosas acusaciones contra todos ellos" por parte del fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo ante los Juzgados de Utrera, aunque reseñaron que el acto "más grave" cometido por el imputado, como es la parcelación ilegal y venta a terceros, urbanizando la zona rústica, "no es sancionable con el Código Penal actual, sino solamente las construcciones subsiguientes --casas, cuartos de aperos y piscinas-- que después se han hecho en la parcelación irregular, tanto por su parte como por los compradores de las parcelitas".
Por todo ello, la Fiscalía solicita para S.M.F., al que la Administración deberá sancionar administrativamente por la parcelación ilegal, un año de prisión, 12.000 euros de multa, inhabilitación especial para la profesión de promotor y constructor por un año, y demolición de lo construido por un presunto delito contra la ordenación del territorio.
