SEVILLA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Sevilla reclamará el martes una pena de tres años de prisión para un hombre acusado de estafar 220.000 euros a un empresario al que dijo que iba a comprar siete viviendas con unos billetes que había tintado en negro "para no tener problemas en la Aduana", aunque tal dinero en efectivo resultó finalmente ser falso.
Según el escrito de acusación del fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, los hechos ocurrieron a finales de 2008 cuando el hoy acusado, junto a dos amigos que se encuentran en paradero desconocido, contactó con la víctima en su empresa de La Rinconada "con al fingida intención de comprar unas casas".
El imputado dijo al denunciante que pagaría 970.000 euros al contado por siete vivienda billetes que había tintado para evitar que se los robasen y para que en la Aduana no tuviera problemas. Así las cosas, según prosigue el fiscal, para hacer creer al perjudicado que el dinero "es auténtico", hace una prueba delante de la víctima y mete un billete bueno entre dos tintados que se convierten en buenos.
A partir de aquí, el proceso de la supuesta compra continúa adelante hasta el punto de que víctima y acusado se reúnen en una localidad onubense donde el empresario sevillano tenía construidos los inmuebles. En esa cita, K.T.D. supuestamente pide al afectado una cantidad de dinero "para convertir los billetes tintados en buenos".
En este sentido, la víctima hace distintas entregas de más de 38.000, 126.000 y 35.000 euros para que el procesado comience con el proceso de cambio de los supuestos billetes tintados. A los 15 días de la primera entrega de dinero, el acusado aparece por la oficina del empresario y vuelve a solicitar dinero porque los billetes no han quedado bien, aunque en esta ocasión el afectado "sospecha que lo han timado" y pone los hechos en conocimiento de la Policía.
De esta forma, el inculpado y el estafado concertaron una reunión para una nueva entrega de dinero en Madrid, donde el acusado fue detenido por la Policía que ya tenía constancia de las circunstancias que habían llevado a la víctima a perder alrededor de 220.000 euros.
El Ministerio Público considera que los hechos relatados constituyen un delito de estafa, por el que reclama tres años de cárcel para el inculpado, el pago de una multa de 1.440 euros, así como el reintegro de los 220.000 euros a la víctima en concepto de indemnización.
