SEVILLA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
El secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Óscar Reina, junto al histórico dirigente de este sindicato Diego Cañamero, ha encabezado una concentración ante las puertas de los Juzgados de lo Penal del edificio Noga de Sevilla, para defender que los 35 sindicalistas del SAT juzgados por el piquete informativo que realizaron en la finca de 'La Jarilla' de La Rinconada (Sevilla) en 2008 ejercieron "pacíficamente" su derecho a la huelga.
En declaraciones a los periodistas, Reina ha recordado que este piquete informativo se realizó en noviembre de 2008 durante una huelga de cuatro días con motivo de protesta por el despido de dos cuadrillas que se dedicaban a la poda de los árboles frutales. "En esa huelga luchamos contra la represalia sindical dado que los trabajadores de esas dos cuadrillas fueron despedidos justo después de afiliarse al SAT", ha abundado.
En este sentido, el dirigente sindical se ha preguntado qué "clase de justicia" es la que juzga "a gente que ejerce su derecho de huelga pacíficamente", al tiempo que ha cuestionado "que es lo que está pasando" con los derechos fundamentales, la Constitución Española, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho a huelga y "el derecho a un trabajo digno".
EL JUICIO
El juicio contra estos 35 sindicalistas ha comenzado este martes en el Juzgado de lo Penal Número 4 de Sevilla con una sesión en la que han declarado como testigos ocho jornaleros y el representante de la empresa del sector hortofrutícola propietaria de la finca.
En la vista oral, a la que no han acudido ninguno de los acusados --al enfrentarse cada uno a una pena menor de dos años no están obligados a asistir a la vista oral-- la defensa de varios sindicalistas ha presentado dos cuestiones previas que han sido desestimadas por el Ministerio Público.
En concreto, el letrado de la defensa ha pedido que se contemple en esta causa la absolución del histórico dirigente del SAT Diego Cañamero por el Tribunal Supremo, que lo juzgó a tenor de su condición entonces de aforado --como diputado de Unidos Podemos--, bajo el precepto constitucional de que "todos los españoles son iguales ante la ley" y, de otra parte, ha solicitado que los hechos que ocurrieron en 'La Jarilla' son constitutivos de un delito de daños "y no de un delito de coacciones al derecho al trabajo".
Durante el desarrollo de la vista oral, han testificado ocho jornaleros que indicaron que pusieron una denuncia "de manera colectiva" por un delito de coacciones al trabajo que posteriormente retiraron y que, tras pasar más de diez años, "no pueden identificar quienes estaban presentes en ese piquete".
Por su parte el representante de la empresa, la cual no está personada como acusación particular ni reclama nada tras haber ganado un juicio por lo Social con sentencia ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) referente a estos hechos y haber conseguido indemnización por los daños causados a las instalaciones, ha calificado que las acciones del piquete fueron "reivindicativas" y que no podría identificar a los participantes de esa acción.
Este juicio, en el que los 35 sindicalistas se enfrentan, en su conjunto, a una solicitud de 67 años de cárcel y a una multa de 107.000 euros al ser acusados de delitos de coacciones al derecho al trabajo y de delitos de daños, continuará este jueves con la declaración de más testigos.
