SEVILLA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha citado a la Junta de Andalucía en el procedimiento abierto tras la demanda presentada por vecinos del entorno del Prado de San Sebastián por la situación de las cocheras del tranvía ligero Metrocentro, tras constatar los residentes mediante respuesta escrita del propio Ayuntamiento hispalense que estas estructuras carecen de licencia.
Según informaron a Europa Press fuentes del caso, el bufete RZS, que representa los intereses vecinales, ha formulado en los últimos días la demanda correspondiente al recurso contencioso interpuesto, encontrándose ahora el proceso a la espera de la respuesta del propio Consistorio y de la administración autonómica, que ha sido incluida al afectar el recurso a una actuación en la que la Junta dio su aprobación definitiva al Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), cuya presunta vulneración en este caso trata de dilucidar el TSJA.
El Ayuntamiento, según las fuentes consultadas, intenta acogerse al hecho de que el recurso no se formuló a los dos meses de iniciarse las obras. No obstante, la representación legal de los vecinos mantienen que éstos ni conocían las molestias que se iban a ocasionar ni sabían la ilegalidad que se cometía, ni que carecía siquiera de licencia. Así, interpusieron el recurso antes de que pasaran dos meses de conocer estos datos.
Los vecinos, por su parte, subrayan que en el avance del PGOU de 2002 se contempla esa parcela como una nueva edificación residencial de siete plantas --48 viviendas y 902 metros de locales--. Ese planteamiento ya se contemplaba en el PGOU de 1987 y en el Plan Especial de Protección, manteniéndose en la aprobación provisional y definitiva de la revisión del plan. Asimismo, en la aprobación inicial del nuevo PGOU se detalla que la estación de autobuses era una interesante muestra de arquitectura moderna, proponiéndose la recomposición y la construcción de edificación residencial en doble crujía.
En el texto refundido del PGOU aprobado en diciembre de 2006 se accede a decir, según los moradores del entorno, que se ha cometido un error material y, "de pronto", se recoge por primera vez la referencia a las cocheras. De este modo, la empresa municipal de transportes (Tussam) pidió licencia para las obras, que no se concedió, acudiéndose al mecanismo de simple "toma de conocimiento".
ACTUACIÓN CONTRARIA A JURISPRUDENCIA
El Ayuntamiento entendió que no es necesaria licencia porque él es el promotor de esa actuación, pero, según el bufete, el propio acuerdo del Ayuntamiento de enero de 2006 recoge que la ejecución, gestión y explotación del Metrocentro se llevará a cabo en el seno de Tussam, "que sabía que tenía que pedir licencia y por ello lo hace".
La actividad carece asimismo de licencia de apertura, mientras que "en ningún caso" cabría una simple subsanación del Ayuntamiento para algo tan fundamental como convertir en esa dotación el suelo residencial, vulnerándose la propia resolución de la Consejería que aprobaba el planeamiento.
Por último, la argumentación vecinal sostiene que la actuación es contraria a la jurisprudencia sobre alineaciones, pues esas modificaciones nunca podrían hacerse en el Conjunto Histórico, y que se vulnera la normativa cuando se invade toda la calle con vías para el Metrocentro sitas en pleno viario.
