UGT-A critica al Gobierno por querer "criminalizar a los trabajadores" ante el aumento de horas extra de forma ilegal

Actualizado: jueves, 11 diciembre 2014 11:03

SEVILLA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT-A ha criticado al Gobierno central por su "dejación de funciones" para con sus compromisos con los ciudadanos, por "querer criminalizar a los trabajadores", por "tacharnos y acusarnos sin base alguna de defraudadores" y por no destinar los recursos necesarios a la investigación "de los que verdaderamente son responsables de la práctica totalidad del fraude en materia laboral, como son las empresas insolidarias e irresponsables".

El sindicato hace estas críticas en una nota tras recordar que el número de trabajadores que se han visto obligados a realizar horas extras de forma ilegal ha pasado de 8.064 en 2013 a 27.000 en lo que llevamos de 2014, unos datos hechos públicos por la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, datos que "son contundentes".

La central sindical lamenta que "desgraciadamente, la desconexión de la señora ministra con la realidad del mercado laboral es tal que, ni tan siquiera a medida que los iba exponiendo, se daba cuenta de la gravedad de la cuestión, ni de cómo dichas estadísticas ponían de manifiesto la absoluta ineficiencia de la política laboral de este Ejecutivo".

Así, UGT-A ha apuntado que "a falta de conocer los datos definitivos por parte de Inspección de Trabajo relativos al año en vigor sabemos ya que, a nivel estatal --todavía no son públicos los datos correspondientes a las comunidades autónomas--, el número de trabajadores que se han visto obligados a realizar horas extras de forma ilegal ha pasado de 8.064 en 2013 a 27.000 en lo que llevamos de 2014, es decir, esta escandalosa cifra ha aumentado un 264 por ciento".

Además, considera que "posiblemente el dato real sea muy superior, ya que el publicado por el Ejecutivo apenas responde al resultado de 2.924 actuaciones de Inspección de Trabajo que han supuesto la investigación de 43.400 trabajadores".

De esta forma, apunta que el porcentaje de asalariados que trabajan horas extras ilegales, del total de investigados, supera el 60 por ciento.

A su juicio, "la permisividad de la actual normativa laboral queda de manifiesto con el hecho de que un incumplimiento de este calado, especialmente relevante si analizamos el contexto de desempleo y de precariedad laboral y salarial en el que se lleva a cabo, se traduce únicamente en 422 sanciones, una por empresa". "Es decir, este fraude únicamente se sanciona con una multa a la empresa, sólo una vez, sin tener en cuenta el número de asalariados que tiene trabajando de forma ilegal", asevera.

De esta forma, UGT-A apunta que "tenga en esta condición al número de trabajadores que tenga, la sanción a la compañía nunca superará los 6.251 euros; es decir, para las empleadoras que contratan mano de obra de forma ilegal, dicha práctica fraudulenta resulta incomprensiblemente gratis".

Para UGT-A, "la cantidad de recursos que el Ministerio de Trabajo y el Gobierno del PP dedican a la lucha contra el fraude y contra la precariedad laboral es tremendamente irrisoria".

Indica que la derecha española, "desoyendo incluso las propias cifras estadísticas que emanan de sus comparecencias públicas, sigue intentando convencer a la sociedad de que trabajador y defraudador son términos sinónimos, criminalizando a la clase obrera y sin querer ver que, si de lo que se trata es de buscar palabras sinónimas a defraudador, empresario (o mejor dicho 'malempresario') es una opción mucho más adecuada".

El sindicato también ha denunciado que "la mayor parte de esta ilegalidad se desarrolla sobre el colectivo de trabajadores contratados a tiempo parcial; es decir, nuestro tejido empresarial entiende como normal contratar bajo la modalidad de tiempo parcial a trabajadores a los que luego se les obliga a realizar horas extras".

Ha indicado que estas horas extras, según la propia normativa aprobada por este Gobierno, "serían ilegales pero realmente lo que se ha hecho es cambiarles el nombre y denominarlas 'horas complementarias' para permitir así que los empresarios pudieran recurrir a ellas de forma unilateral".

"De esta forma, la precariedad de la situación contractual de los trabajadores a tiempo parcial es incluso mayor", asevera.

Leer más acerca de: