SEVILLA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
UGT-Andalucía ha participado este martes en la reunión del Consejo Andaluz de Ordenación del Territorio y Urbanismo donde se presentó el anteproyecto de Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, donde se proponía incorporar medidas urgentes en relación a las edificaciones construidas sobre parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable, un anteproyecto, con el que la Junta, "en una actuación sinsentido, da la espalda a los consistorios que han sido tajantes en el cumplimiento de la Ley y ampara a aquellos otros cuya política urbanística se basaba en el 'todo vale', en el que se puede construir cómo y dónde se quiera".
Por ello, solicita a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio la retirada de este anteproyecto de Ley para modificar la LOUA.
Así, en una nota, el sindicato asegura que, según dicho anteproyecto, "lo único que hay que hacer es esperar seis años para, una vez prescrito, pasar a regular las mismas mediante su inclusión en el ordenamiento urbanismo".
En una nota, el sindicato lamenta que "la puesta en marcha de esta medida poco o nada tiene que ver con el mandato constitucional, estatutario y legal que tiene el Ejecutivo Andaluz de propiciar el desarrollo sostenible de Andalucía y de luchar contra la especulación inmobiliaria y sí, mucho más, con la proximidad de los comicios municipales de 2015".
Así, ha explicado que el preámbulo del anteproyecto de Ley "establece que la presente actuación viene a regularizar y a eliminar las incertidumbres originadas por el fallido e ineficaz decreto 2/2012, de 10 de enero, hasta el punto que únicamente un tercio de los municipios andaluces han llevado a cabo algún tipo de actuación en esta materia". Precisa que en este apartado, el sindicato está "totalmente conforme", aunque "es verdad que viene a regularizar y eliminar incertidumbres, pero nuevamente a favor de los que un día llevaron a cabo una construcción residencial de forma ilegal".
El sindicato ha indicado que "tras la primera amnistía urbanística que supuso la anterior modificación de la LOUA, a la cual ya nos opusimos, la Junta de Andalucía viene ahora a intentar profundizar en su idea de incluir en ordenamiento algunas de las edificaciones residenciales construidas sobre suelos no urbanizables, es decir, las viviendas ilegales".
De esta forma, según apunta la central, "se traslada al conjunto de la ciudadanía el peligroso mensaje de que pueden incumplir las normas urbanísticas siempre y cuando la Administración pública no sea lo suficientemente rápida para poder impedirlo, pues únicamente dispone de seis años antes de que la infracción prescriba, o peor aún, que dichas administraciones ni tan siquiera tengan la más mínima voluntad política de hacer cumplir las leyes que ellos mismos aprobaron".
UGT-A ha recordado que el artículo 34 de la LOUA establece, entre otros, dos importantes regímenes urbanísticos, esto es, "fuera de ordenación, que se le aplica a aquellas construcciones que, con la norma vigente en su día, fueron edificadas de forma legal pero que, cambios en el planeamiento, han propiciado que en la actualidad no cumplan con los criterios legales establecidos; y asimilado a fuera de ordenación, que es donde se produce la trampa, el proceso de ingeniería legal y urbanística con el que la Junta está dando mayor cobertura legal y más derechos a los propietarios de viviendas ilegales".
Precisa que en el último caso, dicho régimen "se aplica a aquellas construcciones que siempre han sido ilegales, es decir, edificaciones que nunca han cumplido con la norma establecida y que ya en su día fueron realizadas de forma ilegal". A UGT-A le cuesta "entender que este tipo de actuaciones prescriban tan sólo a los seis años y, más aún, que sea voluntad política el incluirlas en el ordenamiento vigente".
A su entender, en este tipo de actuaciones "sólo queda una cosa que hacer por parte de la Administración autonómica, proceder a la reagrupación de las parcelas a través de una reparcelación forzosa para así reestablecer el orden jurídico perturbado, es decir, justo lo que decía la originaria LOUA, la que sí valoramos".
UGT-A se pregunta, con este cambio de criterios a favor de las construcciones ilegales, "¿en qué posición deja a aquellos ayuntamientos que sí han llevado a cabo el cumplimiento de la ley?".
Considera igualmente criticable el hecho de que el texto del propio anteproyecto de Ley "derive ciertas cuestiones a lo establecido en un desarrollo reglamentario cuyo borrador todavía no está a disposición de las organizaciones que forman parte de este Consejo". Por lo tanto, desconoce las actuaciones que van a incluirse en este nuevo proyecto así como si los principios inspiradores del mismo "serán más cercanos a los de la originaria LOUA o a esta nueva forma de entender la política urbanística que ahora tiene el Gobierno de la Junta de Andalucía".
Por último, UGT-A entiende que la Junta de Andalucía "tiene que tener amplio conocimiento de la repercusión real que esta medida va a tener sobre el urbanismo andaluz". En este sentido, espera que se disponga de un listado, más o menos actualizado, de la cantidad de viviendas ilegales que podrán beneficiarse de esta nueva amnistía urbanística.
Es decir, entiende que la Administración autonómica "está en disposición de tener un listado de ciudadanos que han cometido un delito, que han actuado de forma contraria a la Ley y, en lugar de ponerlo en conocimiento de la fiscalía, se obsesiona con poder darle una solución legal mediante argucias legales y cambios injustificados de la normativa existente, aunque ello implique dejar de hacer cumplir los mandatos estatutarios y constitucionales".
Por todo ello, UGT-A entiende que esta medida "viene a propiciar y a dar cobertura legal a la especulación urbanística, volviendo a cometer errores del pasado y a favorecer algunas de las cuestiones que nos abocaron a la actual situación de crisis económica en la que estamos inmersos".
El sindicato siempre ha abogado por "un modelo urbanístico fiel con el desarrollo sostenible de Andalucía, basado en los principios orientadores de la LOUA y del POTA y que venga a propiciar un cambio de modelo productivo en nuestra región que nos haga más fuertes ante los caprichosos vaivenes de los mercados".
