SEVILLA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Consejo Territorial de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en Andalucía ha registrado en el Parlamento andaluz una pregunta sobre la "idoneidad de mantener en el cargo a miembros del Ejecutivo andaluz sospechosos de corrupción" como, según ejemplifica, al vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, sobre el que cree que existen "sospechas fundadas de pertenecer a la trama de los ERE".
Esta solicitud se realiza al amparo del artículo 165 del Reglamento de la Cámara andaluza ya que UPyD, al no tener representación parlamentaria, necesita que sea un diputado del Parlamento el que, en caso de que la pregunta sea admitida a trámite por la Mesa de la institución, la asuma y pueda exigir, en pleno o en comisión, la correspondiente respuesta oral al Consejo de Gobierno.
Pese a tener que superar de forma previa todos estos trámites, UPyD quiere que la Junta aclare por qué mantiene en el Ejecutivo andaluz a Valderas después de que, en las últimas semanas, su nombre haya aparecido en los medios de comunicación por su "posible implicación en la concesión de ayudas en el llamado fondo de reptiles".
Así, en la pregunta que ha llevado esta semana al Registro General del Parlamento y a la que ha tenido acceso Europa Press, el portavoz de la formación magenta, Martín de la Herrán, recuerda que ha sido la magistrada que instruye el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE), Mercedes Alaya, la que "ha ordenado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que investigue al vicepresidente tras la denuncia formulada por el exdirector de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero".
Ante ello, De la Herrán exige respuestas sobre si la Junta "considera que es compatible tener una actitud transparente frente a la ciudadanía y mantener en el cargo a miembros del Ejecutivo con sospechas fundadas de pertenecer a la trama de los ERE" y sobre si "cree que las Relaciones Institucionales en nombre de Andalucía" pueden ser llevadas a cabo por Valderas.
UPyD reclama también una contestación sobre si, ante estos hechos, el Gobierno andaluz piensa llevar a cabo cambios en el Ejecutivo autonómico y, en caso de que la respuesta sea negativa, un "por qué".
OTRA PREGUNTA SOBRE JUSTICIA
Al amparo de este mismo artículo del Reglamento del Parlamento, UPyD en Andalucía también solicita que la Junta le conteste a una batería de preguntas sobre "el retraso en los pagos por parte de la Administración a los letrados del turno de oficio" después de que el propio consejero del ramo, Emilio de Llera, declarara que durante el primer trimestre de 2014 "se pagaría todo lo pendiente".
Como hasta la fecha no ha sido así, De la Herrán pregunta a la Junta "cuál es la situación actual de la deuda contraída" con estos letrados, si tiene "programado un calendario de pagos concreto de los trimestres pendientes de abono", si "va a abonar todos los honorarios pendientes antes de la finalización del primer trimestre de 2014" y si "tiene la intención de garantizar los pagos mediante servicios financieros como, por ejemplo, el confirming".
CONTESTADA SÓLO UNA DE LAS 7 PREGUNTAS CIUDADANAS REGISTRADAS
En lo que va de la presente legislatura y antes de que UPyD haya registrado sendas cuestiones, el Parlamento andaluz acumulaba siete preguntas de iniciativa ciudadana de las que sólo una de ellas ha recibido contestación por parte del Consejo de Gobierno, según los datos consultados por Europa Press en la propia web de la Cámara autonómica.
Este tipo de preguntas, reguladas en el artículo 165 del Reglamento de la Cámara, permiten a vecinos andaluces o personas jurídicas en la comunidad autónoma ajenas al Parlamento formular preguntas para su respuesta oral por parte del Consejo de Gobierno siempre que dichas cuestiones sean asumidas por algún diputado.
La primera pregunta ciudadana registrada en el Parlamento andaluz en la actual legislatura, relativa a la protección de los ciudadanos frente a los desahucios, es la única contestada hasta el momento tras ser asumida por la diputada de IULV-CA por Cádiz, Inmaculada Nieto, y respondida en la Comisión de Fomento y Vivienda por la titular de este departamento, Elena Cortés, en octubre de 2012.
Para saber si UPyD consigue las respuestas que ha solicitado habrá que esperar a que en el Registro General del Parlamento se compruebe que contienen los requisitos de identificación previstos en el artículo 70 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y a que, tras este examen, la Mesa del Parlamento ordene su traslado a los grupos parlamentarios.
Para que estas preguntas puedan tramitarse en Pleno o en comisión, deberán ser asumidas por algún miembro de la Cámara, quien lo comunicará a la Mesa. Si fueran varios los diputados que desearan formular una misma pregunta de este tipo, se le asignará al primero que manifieste su intención de hacerlo.
La decisión de formularla en Pleno o en comisión corresponderá al diputado a quien le haya sido asignada. En todo caso, al inicio de su intervención, hará constar la autoría de la iniciativa, y en su formulación no podrá modificar en lo sustancial el contenido originario del texto.
