SEVILLA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha asegurado este jueves que que confía en el trabajo" rápido y ágil" del Tribunal Constitucional (TC) en relación al recurso presentado a la reforma local por parte de la Junta de Andalucía.
En respuesta a una pregunta formulada en el Pleno del Parlamento por el PSOE-A, Valderas ha indicado que se trata de dirimir sobre competencias que necesitan ser aclaradas "cuanto antes" en favor de una Administración Local, que además de arrojar superávit y ayudar al cumplimiento de los objetivos de estabilidad, es quien de manera más decidida ha evitado que la crisis se haya traducido en los pueblos y ciudades andaluces en una fractura social irreversible.
Valderas ha recordado que la Comunidad Autónoma de Andalucía ha sido la primera que recurre la norma, que está en vigor desde el pasado 31 de diciembre y cuya aplicación plena puede provocar serios perjuicios, y que está en curso una petición de moratoria en su aplicación mientras no se resuelva el recurso interpuesto.
Asimismo ha indicado que, no obstante, el recurso no es sólo en representación de la población andaluza y de cerca de 400 de sus municipios sino que actúa en defensa de más del 50% de la ciudadanos españoles --unos 20 millones de personas-- y 2.500 ayuntamientos porque, según ha explicado, la norma será recurrida en los próximos días por "prácticamente todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso".
Durante su intervención, ha defendido tanto el Estatuto de Autonomía como la "amplia legislación autonómica" existente en materia de administración local, que incluye normas legales "pioneras" como la de Defensa de la Autonomía Local de Andalucía (Laula) y la de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica).
Ha indicado que con la presentación del recurso, Andalucía ha actuado en defensa del poder local y de lo que representan en la arquitectura municipal los ayuntamientos, como la institución que "mejor logra cohesionar al conjunto de la población andaluza desde el punto de vista social y territorial".
El recurso se centra en 25 artículos y disposiciones de la ley que a juicio del Gobierno andaluz alteran el marco competencial vigente, vulneran el principio descentralizador recogido en la Constitución y dejan la mayor parte de losayuntamientos sin capacidad para gestionar los servicios, al introducir principios de viabilidad financiera ajenos a su carácter público y al mandato de la ciudadanía expresado democráticamente en las elecciones locales.
