Foto: EUROPA PRESS/JUNTA/ARCHIVO
Por alterar el marco competencial vigente y vulnerar el principio descentralizador recogido en la Constitución, entre otras cuestiones
SEVILLA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, presentará este jueves ante el Tribunal Constitucional (TC) el recurso contra la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que ha adaptado su contenido al informe del Consejo Consultivo de Andalucía.
El Consejo de Gobierno celebrado este martes ha autorizado definitivamente la interposición de este recurso, al que ya había dado luz verde inicialmente el pasado 25 de febrero. Si bien, el citado recurso, que mantiene los motivos de impugnación, se centra en 25 artículos y disposiciones.
A juicio de la Junta, éstos "alteran el marco competencial vigente, vulneran el principio descentralizador recogido en la Constitución y dejan la mayor parte de los ayuntamientos sin capacidad para gestionar los servicios, al introducir principios de viabilidad financiera ajenos a su carácter público y al mandato de la ciudadanía expresado democráticamente en las elecciones locales".
"ATAQUE FRONTAL AL AUTOGOBIERNO"
El Gobierno andaluz toma esta decisión al interpretar que la norma estatal es un "ataque frontal a las competencias de la comunidad autónoma y a la capacidad de autogobierno de las entidades locales, ancladas en el Estatuto y su posterior desarrollo legislativo". A su juicio, la norma "supone una recentralización y un control por parte del Gobierno de la nación, de modo que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas será el que evalúe el coste de todos los servicios", al tiempo que "abre las puertas a la privatización" al establecer que la competencia de los servicios será municipal sólo si las cuantías son "competitivas".
Según la Junta, los efectos de la reforma local "se notarán especialmente" en los 691 municipios de menos de 20.000 habitantes --el 89,5 por ciento del total con una población que supera los tres millones de personas-- que "podrían perder buena parte de sus competencias a favor de las diputaciones", mientras que los 509 municipios andaluces de menos de 5.000 habitantes "quedan expuestos a la posibilidad de ser disueltos e intervenidos de forma unilateral".
Junto a ello, el Gobierno andaluz recuerda que la norma estatal afecta directamente al desarrollo de las leyes de Autonomía Local de Andalucía (Laula) y de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica), en vigor desde 2010. La primera concede plena autonomía a los municipios para decidir cómo organizan su territorio y delimita sus 28 competencias propias y fija los procedimientos para la posible transferencia de gestión desde la Junta. Por su parte, la Patrica garantiza a los entes locales una financiación incondicionada, es decir, respetando las decisiones y prioridades de gasto de los ayuntamientos.
40.000 EMPLEOS EN RIESGO
Respecto a los efectos económicos de la reforma, la Junta estima que su desarrollo pondrá en riesgo alrededor de 40.000 empleos en Andalucía, tanto por la pérdida de funciones como por las privatizaciones de servicios que propicia. En su opinión, los ámbitos de gestión "más amenazados" son los relativos a "educación, sanidad, servicios sociales, transporte, empleo o consumo". Sólo en servicios sociales (guarderías, ayuda a domicilio y pequeñas residencias de mayores, entre otros), la cifra de puestos de trabajo en peligro asciende a 32.000 personas, de acuerdo con las previsiones del Ejecutivo andaluz.
La Junta advierte de que el impacto financiero de la reforma para las arcas autonómicas, que deberán asumir el coste de los servicios que se sustraen a las competencias municipales, se estima inicialmente en unos 600 millones (330 corresponden a educación, 162 a políticas sociales y 16 al transporte público).
"EL PASO CAMBIADO" DEL CONSEJO CONSULTIVO
De otro lado, Valderas afirmaba este miércoles que el Consejo Consultivo de Andalucía lleva "el paso cambiado" en algunas de las objeciones que ha plantado al recurso de la Junta al Tribunal Constitucional contra la reforma local, en concreto, las relativas a las competencias de la Comunidad.
A preguntas de los periodistas en rueda de prensa, Valderas consideraba que hay una serie de consideraciones que la Junta no puede compartir con el Consultivo, aunque se ha respetado una "parte importante" de las objeciones planteadas. Si bien, en las relativas a las competencias de Andalucía en materia local, "el Gobierno d la Junta ha dicho: vamos adelante".
En este contexto, Valderas hacía hincapié en que el Gobierno andaluz "no lo ha dicho solo, sino con el Parlamento andaluz", con quien "coincide" en la necesidad de recurrir los artículos más importantes que hacen mención a las competencias.
"Y además, coincidimos con 2.000 ayuntamientos, con cuatro comunidades autónomas y con once fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados, por lo que me da la impresión, con todos mis respetos, de que quien a lo mejor lleva el paso cambiado sea el Consejo Consultivo", añadía.
