SEVILLA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Diputación de Sevilla y a la vez presidente provincial del PSOE, Fernando Rodríguez Villalobos, ha manifestado este jueves que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha actuado "con contundencia" a la hora de retirar provisionalmente a la Consejería de Fomento y Vivienda, dirigida por Elena Cortés (IU-CA), las competencias de adjudicación de viviendas protegidas porque, como máxima responsable de la administración andaluza, ella "tiene que garantizar la igualdad de todos los andaluces, los de la Corrala Utopía y los que están en una lista y llevan dos años esperando" acceder a una vivienda pública.
"La presidenta de la Junta ha actuado con contundencia, porque desde la responsabilidad de gobierno y desde la legalidad, tiene que garantizar la igualdad de todos los andaluces, los de la Corrala Utopía y los que están en una lista y llevan dos años esperando. Ella conoce y sufre el padecimiento de las familias de la Corrala, pero no puede ni debe obviar a las miles de familias de Andalucía que están en una lista de espera", ha manifestado Rodríguez Villalobos, en rueda de prensa, en cuanto al conflicto desencadenado en el seno del Gobierno andaluz al entregar el departamento de Cortés diez viviendas protegidas de titularidad autonómica a las familias desalojadas de los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, donde estas personas habitaban sin título alguno inmuebles propiedad de 'Ibercaja'.
"Hay que respetar el derecho a una vivienda social que tienen todas las familias que lo necesiten. Es de sentido común", ha enfatizado Rodríguez Villalobos, quien explica que la adjudicación de viviendas públicas debe estar siempre ceñida a "un proceso selectivo con unos criterios sociales". Rodríguez Villalobos, igualmente, ha reclamado al Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por Juan Ignacio Zoido (PP), que se involucre en el asunto porque en un municipio el alcalde debe ser "el primero en dar la cara".
Finalmente, ha explicado que los socios del Gobierno andaluz, PSOE e IU-CA, "están reconduciendo esta situación mediante el diálogo, que es lo que ha prevalecido estos años". En ese sentido, ha apelado a la "responsabilidad" de ambos partidos "para que esto que ha estado funcionando no se venga abajo", en referencia al pacto de gobierno que une a PSOE e IU-CA en la Administración andaluza.
LA CORRALA UTOPÍA
Estamos hablando del colectivo de familias que habitaba sin relación contractual alguna el bloque de viviendas de nueva construcción y renta libre ubicado en los números dos, cuatro y seis de la avenida de las Juventudes Musicales, cuya propiedad ostenta 'Ibercaja' a través de la sociedad inmobiliaria 'Residencial Murillo'.
Las viviendas en cuestión fueron ocupadas en mayo de 2012 por estas familias alegando su difícil situación socioeconómica y la necesidad de contar con un techo. Las familias, en ese sentido, esgrimían que su reivindicación no era otra que contar con alquileres sociales para habitar estas viviendas a cambio de cuotas ajustadas a su situación socioeconómica, mientras 'Ibercaja' ha puesto sobre la mesa su programa de respaldo al alquiler de viviendas 'Llaves solidarias", incluido en su obra social para facilitar el acceso a la vivienda de alquiler a familias con dificultades para acceder a este mercado.
Si bien en la primavera de 2013 mediaba un principio de acuerdo entre estas familias y la propiedad del edificio para realojar en otras viviendas a las familias que acreditasen un estado de verdadera "necesidad", extremo que motivó entonces que 'Ibercaja' solicitase la suspensión de su petición de desalojo forzoso, dicho pacto no llegó a buen puerto a excepción del caso de unas ocho familias que sí se acogieron a los términos del acuerdo. Mientras ambas partes se acusaban mutuamente de incumplir los términos del pacto, la propiedad de las viviendas reactivó su petición de desalojo forzoso.
Entretanto, el Juzgado de Instrucción número tres había ido tomando declaración a todos los miembros del colectivo de familias por un presunto delito de usurpación, instando en todos los casos al desalojo voluntario de las viviendas. Finalmente, esta instancia judicial notificaba a finales de enero un auto ordenando el "desalojo forzoso" de las viviendas y en febrero reclamó ya que las fuerzas de seguridad del Estado diesen cumplimiento a dicha orden, lo que motivó que Policía Nacional consumase el pasado domingo el desalojo efectivo del bloque de viviendas.
