SEVILLA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos ha pedido que se revisen las condiciones de devolución de los préstamos que los municipios tuvieron que realizar tras acogerse a la iniciativa de pago a proveedores realizada por el Gobierno central, algo ante lo que Villalobos advierte de que, si no se produce una revisión, "a partir de verano se asistirá a la voladura controlada de numerosos ayuntamientos".
"Si el Gobierno de Mariano Rajoy no suaviza las condiciones de devolución de las cantidades que los Consistorios tuvieron que solicitar obligatoriamente en los bancos para cumplir con los planes de pago a proveedores, muchos tendrán que echar el cierre", indica a través de una nota, en referencia a la devolución de los préstamos que los ayuntamientos tuvieron que solicitar a la banca, a un interés de entre el cinco y el seis por ciento, "obligados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, para hacer frente al pago de facturas atrasadas".
Sobre ese particular, el mandatario provincial ha manifestado que "ni uno solo de los alcaldes, nunca, se ha negado a pagar las facturas que adeudaba su consistorio". "Lo que siempre hemos denunciado es que para ello el gobierno nos obligaba a endeudarnos con los bancos, para reportarle beneficio a las entidades financieras a coste de la administración que más cerca está de los ciudadanos, y ahora los ayuntamientos están al borde del precipicio por tener que hacer frente a esas condiciones financieras", matiza.
En relación con los "perversos efectos" del mecanismo financiero sobre el que se sustentó el pago a proveedores, Villalobos ha recordado que sólo en la provincia de Sevilla la deuda viva de los ayuntamientos pasó de 873 millones en 2011 a 1.073 en 2012, aumentando en un 25 por ciento y "provocando incluso que varios ayuntamientos pasaran a deber más de 1.000 euros por habitante".
Así, señala que es precisamente esa "pesada losa financiera a la que nos sometió el Gobierno la que ahora amenaza", según el presidente de la Diputación de Sevilla, con "colocarse a la puerta de entrada de los ayuntamientos y sellarlas para siempre, porque las devoluciones de las cantidades solicitadas mermarán definitivamente la ya corta capacidad de maniobra de las haciendas locales".
En ese sentido, recuerda que hasta ahora los ayuntamientos han venido abonando sólo intereses durante los dos primeros años de devolución, por lo que en el próximo mes de mayo termina ese primer periodo de carencia. A partir de ahí, dichas cantidades se incrementarán, al sumar a esos intereses el pago de la deuda contraída.
Ante esa tesitura, el presidente Villalobos considera que, "de continuar en ese escenario sin modificaciones, asistiremos a una voladura controlada de cientos de ayuntamientos por parte del Gobierno de Rajoy". "Así ocurrirá porque, con un escenario tiranizado por la Ley de Estabilidad, lo primero que hay que pagar es la deuda bancaria por encima de cualquier otro gasto municipal; es decir, que peligran servicios básicos a la ciudadanía y, por supuesto, la nómina de los empleados", ha asegurado Villalobos.
MOVILIZACIÓN MUNICIPALISTA
Frente a esa situación, el mandatario provincial sevillano ha detallado una batería de medidas que desde las entidades locales y desde el PSOE sevillano y andaluz se van a llevar a cabo "para intentar reconducir la situación límite a la que se conduce a los ayuntamientos". En esa línea, desde el grupo parlamentario socialista se formulará en breve una pregunta al gobierno en sesión de control, para conocer si el ejecutivo de Rajoy tiene previsto reformular las condiciones de los préstamos que sirvieron para poner en marcha el plan de pago a proveedores.
Asimismo, tanto en el pleno de la corporación provincial como en todos los ayuntamientos andaluces se debatirá para su aprobación una moción en la que se exige al Gobierno central que se amplíe el periodo de devolución de dichos préstamos, el período de carencia y que se reduzca el apartado de los intereses estipulados actualmente.
En dicha iniciativa, se insta también al Gobierno de Rajoy a establecer el "mismo rasero para todos los ayuntamientos y que, excepciones practicadas a determinados consistorios, como el caso de Marbella, puedan extrapolarse al resto de entidades locales que se encuentren en análoga situación".
