SEVILLA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), ha alertado de que la deuda viva de los ayuntamientos de la provincia ha crecido un 21,42 por ciento entre 2011 y 2013 como consecuencia de los préstamos concertados merced al mecanismo estatal de pago a proveedores promovido por el Gobierno central del PP, censurando además los efectos de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, la conocida como reforma local.
En declaraciones a Europa Press, Rodríguez Villalobos ha evaluado los primeros meses de funcionamiento de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que incide especialmente en las competencias de los ayuntamientos. La nueva ley reconoce como competencias "propias" de los ayuntamientos el urbanismo, la vivienda protegida, el medio ambiente urbano, el abastecimiento de agua, el viario público, la Policía Local, el tráfico urbano o la promoción turística, por ejemplo, pero por contra, determina que los servicios sociales y la sanidad, entre otras materias determinantes, son competencia de las comunidades autónomas, si bien admite la posibilidad de delegaciones.
Frente a esta regulación, el Gobierno andaluz de PSOE e IU-CA ha promovido un decreto Ley que, merced a la Ley de Autonomía Local de Andalucía (Laula) y la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica), reserva para los ayuntamientos 29 competencias, toda vez que dicho decreto Ley surge en paralelo a la impugnación de la citada ley ante el Tribunal Constitucional.
RECURSO AL CONSTITUCIONAL
En paralelo, los parlamentos de Extremadura, Cataluña y Navarra, los gobiernos autonómicos Andalucía, Asturias, Cataluña y Canarias y varios partidos de la oposición han recurrido la nueva regulación ante el Tribunal Constitucional,
A tal efecto, el presidente de la Diputación de Sevilla explica que este enfrentamiento, así como los conflictos derivados de la adaptación de los programas que los ayuntamientos desarrollan en materia de empleo, formación para el empleo o servicios sociales, ponen de relieve que la reforma local está cayendo como un "verdadero desastre" en los ayuntamientos, que sufren "una regresión en la autonomía municipal y, por ende, en la calidad y cantidad de los servicios que prestan a sus vecinos y vecinas".
"De ahí la constante y permanente denuncia de los sindicatos, por ejemplo, en el Ayuntamiento de la capital, ante la merma de servicios que representa la reforma local en materia social", enfatiza el presidente de la Diputación, quien habla de un "secuestro de la autonomía local" y de un "acoso y derribo" del Gobierno central del popular Mariano Rajoy a los ayuntamientos.
LAS CIFRAS NO ENGAÑAN
En ese sentido, ha detallado los efectos, en números, de los decretos promovidos por el Gobierno central del PP para que los ayuntamientos concertasen préstamos al objeto de conseguir liquidez para pagar las deudas pendientes con sus proveedores. Y es que las cifras, según Villalobos, ponen de manifiesto que la deuda viva de las administraciones locales de la provincia de Sevilla rondaba los 963 millones de euros en 2009, se redujo a 873 en 2010, bajó de nuevo a 859 millones en 2011, pero a partir de las citadas medidas estatales de 2012, este indicativo creció hasta los 1.073 millones de euros ese año y sólo se contrajo hasta los 1.043 millones al cierre del último ejercicio en 2013.
"Mientras entre 2009 y 2011, de manera natural, la deuda viva de los ayuntamientos sevillanos se reducía en 104 millones de euros (un diez por ciento), desde ese momento hasta hoy esa misma deuda viva ha crecido en 184 millones de euros, lo que implica una subida del 21,42 por ciento", avisa Rodríguez Villalobos.
Todo cuando el sector de la administración local es "el único que viene cumpliendo, ajustándose desde hace mucho tiempo a la nueva coyuntura económica y ajustando su gasto a sus ingresos", extremo que según defiende ha partido del propio "sentido común" de los gobernantes locales y no de las "saetas" del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, dirigido por Cristóbal Montoro.
