SEVILLA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -
Ante la decisión del Juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla, que investiga el desfalco de 1.012.275 euros en la sociedad Limpieza Pública y Protección Ambiental (Lipasam), perteneciente al Ayuntamiento hispalense, a manos del excontable de la entidad; de dejar sin efecto la citación como testigo del alcalde, el socialista Juan Espadas, hasta ser oída en la misma calidad la gerente de la entidad, Virginia Pividal, Vox ha pedido a dicha instancia judicial que mantenga la comparecencia del primer edil.
En una providencia inicial, fechada el pasado 5 de junio y recogida por Europa Press, el juzgado cita a declarar como investigada el 3 de julio a María del Valle G.V., fijando también para esa jornada la comparecencia de Juan Espadas como testigo a cuenta de su cargo como presidente del consejo de administración de Lipasam, así como la declaración de un testigo más. Ya para el 8 de julio, fija las comparecencias de varios testigos entre los que figura la directora gerente de Lipasam, Virginia Pividal.
No obstante, tras un escrito por parte de Lipasam, el juzgado ha dejado sin efecto la citación de Espadas "hasta que sea oída la directora gerente, representante legal de Lipasam", ante lo cual Vox, que figura como acusación popular en estas diligencias y había pedido precisamente la comparecencia de Espadas, ha reclamado mantener la misma.
Y es que según Vox, "no es cierto que la representación legal de Lipasam la ostente Virginia Pividal, gerente de la entidad". "La representación de la sociedad en juicio y fuera de él la ostenta el presidente del consejo de administración de conformidad a los estatutos de Lipasam. La señora Pividal estará apoderada con facultades de gerente, que serán más o menos amplias sin duda, pero que en absoluto pueden abarcar todas las que son propias de la representación legal", asevera Vox, precisando que en este asunto Espadas no juega el papel de alcalde, sino de "representante legal de Lipasam".
"Habiendo sido admitida la diligencia de prueba cuyo objeto es que preste declaración en calidad de testigo el presidente del consejo de administración, es palmario que es obligada su comparecencia ante el órgano jurisdiccional", indica la acusación popular, que además se opone a la opción planteada por Lipasam de que Espadase declarase "por videoconferencia por razón de agenda", porque "en su calidad de presidente del consejo de administración no se encuentra entre las autoridades privilegiadas" por la Ley para tal extremo, "no estándolo tampoco" como primer edil.
EL EXCONTABLE PASABA POR "UN MAL MOMENTO ECONÓMICO"
En cuanto a las diligencias en cuestión, recordemos que cuando el excontable de Lipasam Manuel M.G. declaró como investigado ante la citada instancia judicial, este hombre, contable en Lipasam desde 1989 y que cobraba unos 2.500 euros mensuales, aseguraba al juez instructor que desde 2008 incurrió en dicho desvío de los fondos de la empresa municipal porque estaba pasando por "un mal momento económico".
En ese sentido, Juan Espadas exponía meses atrás ante el pleno del Ayuntamiento que el excontable de Lipasam, que pidió su baja voluntaria en la empresa y ha puesto a disposición del juzgado dos fincas urbanas de su propiedad, ingresó hace "30 años" en la empresa como mero trabajador, es decir no era "un directivo nombrado por ningún gobierno" ni ningún cargo "a dedo", toda vez que por su trayectoria en la empresa y como encargado de "supervisar con el máximo rango" la contabilidad de la empresa "había generado un espacio de confianza entre sus responsables directos", que han sido "varios" a lo largo de los años.
UN "MECANISMO PERVERSO" PARA DESVIAR LOS FONDOS
Según Espadas, el excontable conocía "muy bien" el funcionamiento financiero de Lipasam y desviaba dinero de la empresa a su cuenta mediante un "mecanismo perverso y muy sofisticado" que "ha escapado a todas las auditorías" realizadas en la empresa en los últimos años.
Fue el 20 de diciembre del año pasado, en concreto, cuando la empresa municipal interpuso su denuncia inicial contra este hombre, una vez constatado que el ya extrabajador de Lipasam pudo realizar de forma supuestamente irregular transferencias a una cuenta personal desde 2014 por un importe de 422.512 euros, unos hechos que pueden ser constitutivos de un delito de malversación continuada de caudales públicos de especial gravedad, así como de un delito continuado de falsedad.
En un segundo escrito, el 8 de enero, como consecuencia de una segunda fase de las investigaciones y constatar que los hechos se remontarían a 2008 y la cuantía defraudada podría ascender a 1.012.275 euros, la denuncia inicial fue ampliada con tales aspectos.
