SEVILLA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Andalucía y el Gobierno de la Nación han acordado designar un grupo de trabajo que se encargue de proponer una solución a las "discrepancias" entre ambas administraciones sobre varios artículos de la Ley 24/2013 del sector eléctrico aprobada el pasado mes de diciembre por el Ejecutivo central.
Así lo establece un acuerdo adoptado el pasado 25 de marzo por la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía y suscrito por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y el consejero andaluz de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios.
En dicho acuerdo, consultado por Europa Press, los representantes de Gobierno y Junta en la citada Subcomisión acuerdan "iniciar negociaciones para resolver las discrepancias en relación con los artículos 9, 14.4, 14.7, 42, 64.28, 64.43, 65.35 y la Disposición Final Tercera de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico".
El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha cuestionado en varias ocasiones esta normativa estatal por "generar incertidumbre" entre los inversores al "modificar las reglas del juego provocando más inseguridad en los proyectos ya en vigor" y ha apostado por "agotar todas las vías de diálogo" con el Gobierno antes que presentar recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del Gobierno.
APREAN PIDE A LA JUNTA QUE RECURRA LA REFORMA POR "INCONSTITUCIONAL"
Por su parte, la Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables de Andalucía (Aprean) ha solicitado formalmente a la Junta que recurra esta reforma "inconstitucional" y ha alertado de que pone en riesgo más de 400 millones de euros de inversión y más de 20.000 puestos de trabajo directos e indirectos.
Ante las "discrepancias" expresadas por la Junta sobre la regulación estatal, ambas administraciones han decidido "designar un grupo de trabajo para proponer a la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias la solución que proceda", así como comunicar este acuerdo al Tribunal Constitucional (TC) "a los efectos previstos en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)".
Este artículo de la LOTC amplía de tres a nueve meses el plazo que tiene el Gobierno de la Nación para presentar recurso de inconstitucionalidad contra leyes o disposiciones autonómicas si se produce un acuerdo en la Comisión Bilateral sobre "iniciación de negociaciones para resolver las discrepancias pudiendo instar, en su caso, la modificación del texto normativo".
Las administraciones central y autonómica ya acordaron el pasado mes de octubre designar otro grupo de trabajo para buscar solución a las "discrepancias" entre ambas partes sobre el Real Decreto Ley 9/2013 sobre medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico aprobado por el Ejecutivo central.
