ZARAGOZA, 4 May. (EUROPA PRESS) -
Todos los sectores del mundo educativo aragonés van a participar a partir de hoy lunes, 4 de mayo, en la elaboración de un marco normativo sobre derechos y deberes de los alumnos, una iniciativa recogida en el acuerdo por la convivencia y que pretende actualizar y adaptar a Aragón una normativa antigua y de carácter estatal.
Según informaron fuentes del Gobierno de Aragón en un comunicado, Las direcciones generales de Política Educativa y de Participación Ciudadana han colaborado para organizar una serie de talleres en los que participen las asociaciones de padres y madres, sindicatos, estudiantes y responsables de los centros educativos, así como la Administración autonómica.
El director general de Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón, Ignacio Celaya, se mostró convencido de que "sólo desde la participación, la complicidad y el compromiso se puede garantizar el éxito en una apuesta tan compleja y de tanto calado como es la convivencia".
El objetivo de estos talleres, que tendrán lugar desde hoy, 4 de mayo, y hasta el miércoles, 6 de mayo, es compartir propuestas, iniciativas y aportaciones que servirán de base para la elaboración de ese catálogo de derechos y deberes de los alumnos.
Según el acuerdo de la mejora de la convivencia, la actual normativa que regula esta cuestión requiere una actualización y una adecuación a las realidades y demandas de la comunidad educativa.
Así, se tendrán en cuenta las relaciones de convivencia entre alumnos, con el profesorado, y las nuevas situaciones surgidas con el desarrollo de las tecnologías de la información en el ámbito escolar.
La directora general de Política Educativa del Gobierno de Aragón, Carmen Martínez Urtasun, insistió en que "es necesario adaptar la normativa de carácter estatal al ámbito autonómico y a la realidad del siglo XXI".
La futura normativa permitirá que los alumnos aprendan a ejercer sus derechos y a cumplir sus deberes adquiriendo las competencias necesarias para integrarse en la sociedad como ciudadanos de pleno derecho.
Entre los objetivos de este catálogo se encuentra, por ejemplo, la prevención y resolución pacífica de conflictos, así como el impulso a los procesos de mediación, contemplados en los protocolos de actuación de acuerdo con los planes de los propios centros educativos.
Con la revisión del marco normativo, se pretende, entre otras cosas, convertir el proceso de corrección de faltas en un instrumento esencial para la adquisición de la competencia social y ciudadana.
Así, según el planteamiento inicial, algunos de los elementos que figuran en la normativa actual y que deben ser renovados son aquellos referidos a la definición y tipificación de las conductas consideradas como faltas y a su consiguiente graduación. También se pretende trabajar en la renovación de las medidas correctoras que correspondan a cada tipo de falta y que deberán tener un carácter educativo antes que sancionador.
Esta actuación viene a sumarse a otras muchas planteadas en el acuerdo para la mejora de la convivencia y que progresivamente se están poniendo en marcha. Tal es el caso de la creación de asesorías psicológica, jurídica y pedagógica, así como de los protocolos de actuación en los centros educativos.
