ZARAGOZA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, ha manifestado que la ley de acción concertada en servicios sociales aporta "mayor seguridad", "garantiza la calidad" y "prioriza la gestión" de las entidades sin ánimo de lucro.
Así lo ha indicado durante una comparecencia ante la Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales de las Cortes de Aragón, solicitada por Podemos, en la que ha informado sobre la ley que regula la concertación de servicios sociales en la Comunidad, ha indicado el Parlamento autonómico en una nota de prensa.
Según ha subrayado, esta norma "huye de la privatización" ya que "busca que las entidades del tercer sector tengan una modalidad específica para la gestión de los servicios sociales". "No tenemos ninguna intención de privatizar los servicios y se lo hemos demostrado en la práctica, ya que ninguno ha sido privatizado", ha incidido la consejera.
Broto se ha referido a la normativa aprobada en esta legislatura en materia de prestación de servicios de carácter social y ha señalado que "se debe superar el concepto de beneficencia y, por ello, la ley está basada en un enfoque global de los derechos y en una cooperación entre instituciones y entidades sociales para llegar a toda la ciudadanía con mayor calidad e igualdad".
Asimismo, ha asegurado que la contratación "nos ha preocupado desde el principio, porque hay que valorar mucho los proyectos técnicos", a la vez, que ha afirmado que le parecen importantes las cláusulas sociales, pero insuficientes.
La consejera ha subrayado que Aragón ha sido la primera Comunidad autónoma en regular la concertación social. Por último, ha dicho que se ha puesto en marcha la orden acogida para las casas de menores, así como el programa de acogimiento urgente.
GESTIÓN DIRECTA
La diputada de Podemos, Amparo Bella, ha explicado la apuesta de su partido "por la gestión directa de los servicios precarizados durante la crisis" y ha defendido priorizar "las valoraciones técnicas por encima de las cuestiones económicas".
La parlamentaria del PP, María Ángeles Orós, ha opinado que "lo importante es la calidad del servicio con independencia de que lo preste una entidad o una empresa", para considerar que "acotar o expulsar" a las empresas "es sectario".
La diputada del PSOE, Pilimar Zamora, ha manifestado que esta ley "responde a un compromiso electoral" y "antepone la calidad a la gestión empresarial", después de que "hemos visto auténticas subastas a la baja" en el pasado.
La parlamentaria del Partido Aragonés, Elena Allué, ha estimado que "lo primero es dar respuesta a las necesidades de la sociedad aragonesa y que los servicios se presten con la mejor calidad posible, los gestione quien los gestione" y ha esgrimido que "una cosa es la gestión indirecta y otra cosa es la privatización, que ni en la anterior legislatura ni en la actual" se ha dado.
La diputada de Ciudadanos, Desirée Pescador, ha sostenido que la aprobación de esta ley "fue oportunismo político para apuntarse un tanto con las entidades sociales" y ha advertido de los posibles problemas de futuro que puedan devenir del desarrollo de la normativa por parte del Gobierno central.
La parlamentaria de IU-Grupo Mixto, Patricia Luquin, ha opinado que "la gestión directa es más fácil, ya que los derechos deben garantizarse por la propia administración" y, del mismo modo, ha criticado el "intrusismo" sufrido por empresas con ánimo de lucro en la prestación de servicios ya que "el precio era el que fijaba la prestación de un servicio social".
CONCILIACIÓN
La Comisión también ha debatido una moción del PP sobre la necesidad de elaborar un Plan integral de apoyo a la conciliación. El texto no ha salido adelante al recibir el voto en contra de PSOE, Podemos y Grupo Mixto, mientras que PAR y Ciudadanos sí que lo han apoyado, junto con el grupo proponente.
La diputada 'popular' María Ángeles Orós ha criticado a "los grupos de izquierda" porque "llevan tres años diciendo que no" y "cuando han votado que sí, no lo han cumplido", mientras que Zamora (PSOE) ha dicho que "la conciliación sin corresponsabilidad no es útil", algo que "debe estar en todas las agendas, también la del Gobierno de la nación".
La parlamentaria de Podemos, Marta Prades, ha dicho que "no basta con ponerse un lazo morado y presentar iniciativas que quedan bien", sino que "hay que creerse el feminismo y solo desde su perspectiva se conseguirá una igualdad real".
Elena Allué (PAR) ha argumentado que "si el Gobierno conociera la realidad de muchas mujeres y familias, daría una respuesta a esta necesidad" y Desirée Pescador (Cs) ha calificado la conciliación como "un problema social" y "hemos de avanzar para poder cambiarlo".
Patricia Luquin (IU) ha estimado que "el discurso y la iniciativa del PP, gobernando Rajoy, hacen aguas", para apuntar que "la reforma laboral es la que permite la desigualdad que sufrimos y necesitamos una ley de Igualdad estatal".
