ZARAGOZA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
Comisiones Obreras (CC.OO.) Aragón ha hecho un llamamiento a la responsabilidad del Gobierno, exigiendo políticas integradoras en materia de inmigración, tras presentar un informe sobre 2013 que indica que había 148.922 ciudadanos extranjeros en la Comunidad autónoma.
De ellos, más del 38 por ciento provenían de Rumania, seguidos de las personas de Marruecos, que suponían aproximadamente el 11 por ciento, ha informado la organización sindical en una nota de prensa. El grupo de edad más representativo fue el situado entre los 30 y los 44 años (39,53 por ciento) y entre los 15 y los 44 años (el 63,57 por ciento).
Por tanto, la mayor parte de la población extranjera se situaba en un tramo de edad laboralmente activo, con 102.800 personas en 2013 en esas circunstancias, el 15,69 por ciento del total de los activos aragoneses, disminuyendo respecto al año anterior en el 2,74 por ciento. La tasa de actividad, sin embargo, aumentó hasta el 81,01 por ciento entre la población extranjera, el 1,37 por ciento, mientras disminuyó entre los españoles.
El año pasado la población ocupada de origen extranjero se elevó a 60.100 personas, lo que supuso el 11,66 por ciento del total de ocupados, y entre 2012 y 2013 se produjo una disminución del 15,59 por ciento.
DIFERENCIALES SEGÚN EL ORIGEN
El informe de CC.OO. señala los elevados diferenciales que existen en el desempleo según el origen de la población. Así, en 2008, la tasa de paro de la población extranjera en Aragón era del 14,46 por ciento frente al 5,86 por ciento de la población española, con 8,6 puntos de diferencia.
A partir de este año, y como consecuencia de la crisis, este diferencial ha aumentado progresivamente y en 2013 la tasa de desempleo para la población española se situó en el 17,64 por ciento, mientras que la extranjera lo hizo en el 41,53 por ciento, lo que supuso un diferencial de 23,89 puntos.
En dicho ejercicio, se firmaron en Aragón 104.646 contratos con extranjeros, un 8,17 por ciento menos que en el año 2012 y 9.315 contratos menos.
Además, la población extranjera continuó concentrándose en sectores como la hostelería, la agricultura y el servicio doméstico, "todos ellos con salarios más bajos, peores condiciones laborales y menor cualificación".
De hecho, del total de contratos firmados en 2013 con extranjeros el 52,37 por ciento ha correspondido al sector servicios y el 37,29 por ciento al agrícola. En 2013, el número de afiliados extranjeros a la Seguridad Social ascendía a 55.651 personas, un 4,82 por ciento menos que en 2012.
MAYOR VULNERABILIDAD
La "mayor vulnerabilidad" de este colectivo se refleja también en la limitación a su acceso a la protección social, "hecho que dificulta también su integración", ha precisado desde Comisiones Obreras.
La secretaria de Intervención Social de CC.OO. Aragón, Eva Murillo, ha indicado que en los últimos cinco años, tanto en Aragón como en España "se está experimentando un enorme deterioro de la cohesión social, con un incremento notable de los procesos de exclusión social y con una expansión significativa también de las situaciones de precariedad tanto social como laboral, que ha afectado de manera especial a la población inmigrante".
Concretamente, la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social media ha pasado en España del 21 por ciento en los inicios de la crisis al 25 por ciento y entre la población extranjera del 32 al 53 por ciento, según la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Empleo (INE).
En opinión de la secretaria de Intervención Social de CC.OO.-Aragón, en el caso de los inmigrantes, "la difícil situación de partida, con redes de relación poco extensas y muy limitadas, recursos escasos, a veces poco periodo de cotización que limita su acceso a la protección social, temporalidad, bajos salarios y en ocasiones también baja cualificación han hecho que su situación en estos momentos sea realmente angustiosa".
CC.OO. ha rechazado que en estos momentos "los Gobiernos estén tratando la inmigración desde una perspectiva únicamente de seguridad y orden público, generando una alarma social y una visión de la inmigración como problema".
Por eso, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad del Ejecutivo y ha exigido políticas integradoras "con dotación presupuestaria que incluyan medidas orientadas a la inclusión laboral que impliquen una mejora en la empleabilidad, mayor agilidad en el acceso a ayudas sociales, establecimiento de una Renta Mínima Garantizada, políticas de inclusión residencial y el restablecimiento de los servicios públicos básicos que garanticen el acceso por igual a todos los ciudadanos".
