ZARAGOZA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -
El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) en Aragón ha anunciado que recurrirá ante los tribunales el decreto ley del Gobierno de Aragón por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica, al entender que se "vulnera" el derecho fundamental a la negociación colectiva en varios ámbitos.
La secretaria general de la Federación de Sanidad de CCOO Aragón y coordinadora del Área Pública, Delia Lizana; el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Aragón, Roberto Abenia, y el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO Aragón, Guillermo Herraiz, han dado a conocer este recurso judicial contra el Capítulo IV Medidas en materia de personal, del decreto ley 4/2020, de 24 de junio, del Gobierno de Aragón por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica.
En rueda de prensa, Delia Lizana ha explicado que todavía no está decidida la instancia judicial ante la que recurrirán el decreto ley, pero ha apuntado que podría ser ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) porque afecta a empleados públicos de las tres provincias aragonesas.
Ha dicho que durante el confinamiento por el estado de alarma a causa de la pandemia del coronavirus a los empleados públicos se les ha exigido un "plus" para hacer frente a la situación, pero una vez superada no se puede seguir aplicando esa excepcionalidad, ha opinado.
Delia Lizana ha indicado que este decreto ley "instaura el estado de excepción y es preocupantes porque no da cabida a la negociación colectiva" en aspectos como las vacaciones, el teletrabajo o la movilidad geográfica y funcional.
VACACIONES Y TELETRABAJO
La secretaria general de la Federación de Sanidad de CCOO Aragón y coordinadora del Área Pública ha contado sobre las vacaciones que el decreto ley regula que los empleados públicos las tienen que disfrutar hasta el 30 de septiembre y en servicios en los que haya carencia de personal el plazo se extiende hasta el 31 de diciembre, fecha en la que "se perderían", lo que, a su entender, vulnera un derecho sobre el que hay jurisprudencia de otras instancias judiciales.
En cuanto al teletrabajo, ha criticado que se limite a indicar que todos los empleados que quieran acogerse a él tienen que tener una conexión segura a Internet, "nada más", lo que a su parecer es un "despropósito", especialmente en el ámbito rural y ha dicho que están expectantes ante la regulación que tramita el Gobierno de España.
El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Aragón, Roberto Abenia, ha indicado que se "vulnera" el derecho fundamental a la negociación colectiva porque todas las medidas del capítulo IV del decreto ley se tenían que haber negociado, ya que en el ámbito de la movilidad "cualquier jefe de negociado puede decidir que cualquier empleado a su cargo realice funciones diferentes y en un lugar distinto".
Para Abenia, se podría ejercer una movilidad funcional y geográfica "forzosa" y sin negociación, lo que es motivo de 'casus beli' para CCOO porque, además, han recibido "la callada por respuesta" a la petición de mantener una reunión con el Gobierno de Aragón.
Ha incidido en que el decreto ley "pasa por alto la negociación colectiva, cuando precisamente tiene que regir las relaciones laborales en la Administración pública". Ha añadido que es un "tic antidemocrático que puede llevar a recurrirlo ante el Tribunal Constitucional".
"ANTIDEMOCRÁTICO"
El representante de CCOO ha dejado claro que a los trabajadores de la Administración autonómica "no se les puede imponer" la movilidad geográfica y funcional, ni el teletrabajo, sin la negociación colectiva. "Que entiendan todos que es una pelea que empezamos hoy y que no cejaremos hasta que se repare esta actuación antidemocrática", ha apostillado.
El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO Aragón, Guillermo Herraiz, ha confiado en que estas medidas no afecten al colectivo del profesorado porque "es un sistema bien engranado que desde hace 30 años funciona bien", pero ha alertado de que se pueda aplicar al personal no docente, como el de limpieza, administrativos y conserjes.
Guillermo Herraiz ha detallado que este decreto ley afecta a unos 50.000 empleados públicos, de los que unos 23.000 son del ámbito de la sanidad. Como ejemplo de que la situación de excepcionalidad vivida no se ha cuestionado por los sindicatos, ha recordado que personal del IASS ha atendido a personas mayores de residencias privadas, pero ha incidido en que "esa excepcionalidad no puede pasar a ser la normalidad".
"Cuando todos hemos arrimado el hombro, este decreto ley permite que el Gobierno de Aragón tenga licencia para hacer lo que quiera sin negociación colectiva con los empleados públicos, como si fueran de su propiedad. Estamos aquí para dar la batalla", ha enfatizado.
Guillermo Herraiz también ha afeado que este decreto ley no se haya tramitado como proyecto de ley porque habría posibilitado presentar enmiendas de los grupos parlamentarios, y "lamentablemente" se convalidará por las Cortes de Aragón en el pleno de este jueves.
